El Lago Escondido, secuestrado por un magnate inglés en la Patagonia argentina

Cuando el empresario Joe Lewis compró los terrenos que circundan el Lago Escondido, en la Patagonia argentina era el año de 1996. Desde entonces, impide el derecho al acceso público a este patrimonio nacional y viola la ley que prohíbe que extranjeros posean tierras en zonas de seguridad de frontera.

Argentina es el octavo país más extenso del mundo, pero sus territorios están en manos de unos pocos. No se trata solo de un problema de concentración poblacional en las grandes metrópolis y de desigualdad social en el acceso a las tierras cosechables, el país cuenta con casos emblemáticos que demuestran que la ley pareciera no ser la misma para pobres y ricos.

En 1996, el magnate británico Joe Lewis, dueño una fortuna de 5.000 millones de dólares, a través de su corporación Hidden Lake S.A., compró de manera subrepticia, a través de una firma local que luego le cedió la propiedad, 8.000 hectáreas que circundan el Lago Escondido, un espejo de agua glaciar en la provincia patagónica de Río Negro.

Desde entonces, el derecho al acceso público garantizado por ley a este patrimonio nacional es impedido por la seguridad privada del establecimiento, a pesar de las demandas ciudadanas y los fallos judiciales en su contra. Según el Código Civil de Argentina, los ríos y lagos son de dominio público, mientras que la Constitución de la provincia de Río Negro señala que debe asegurarse el libre acceso con fines recreativos a las riberas de estos recursos naturales.

"Lewis compró ilegalmente y desde entonces ningún funcionario de ningún Gobierno dijo absolutamente nada. Se apropió del Lago Escondido, lo que llevó a que personas de Río Negro hicieran acciones de amparo para conseguir una servidumbre de paso", dijo a Sputnik Alejandro Olmos Gaona, reconocido historiador experto en la deuda externa argentina y uno de los principales investigadores del caso Lewis.

Hoy, para ingresar a los márgenes del lago, el único camino transitable es a través de un peligroso camino de montaña que solo se puede realizar a caballo, ya que se debe cruzar dos ríos, durante un período de cuatro días. En las vías aptas para vehículos y peatones hay personal armado que impide el libre paso.

¿Quién es Joe Lewis?

Joseph C. Lewis es la séptima persona más rica de Inglaterra y es propietario del Grupo Tavistock, que maneja más de 200 empresas a nivel mundial, incluido el club de fútbol británico Tottenham Hotspur.

En Argentina, es accionista de Pampa Energía, corporación que, entre otras, controla la empresa de servicios de distribución eléctrica más grande del país, Edenor, a la que en 2017 el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) le perdonó una deuda superior a los 1.200 millones de pesos (79 millones de dólares, al cambio de entonces) que mantenía con el Estado.

Lewis es reconocido por ser amigo personal del expresidente Macri, quien vacacionó en más de una ocasión en la cuestionada estancia, y quien en una conferencia de prensa en enero de 2017 defendió al empresario de las denuncias sobre su retención privada del Lago Escondido.

El terreno original —que luego fue ampliado hasta alcanzar unos 12.000 hectáreas, sobre la que se construyó una mansión de 2.500 metros cuadrados— fueron adquiridas por 12 millones de dólares a los herederos de la familia ganadera Montero-Ortiz, quienes en la década de 1960 se habían adueñado de aquellas tierras mediante el método de usucapión o prescripción adquisitiva, un procedimiento de toma de posesión legal al haber transcurrido cierto tiempo de dominio de facto.

Mientras las usurpaciones de tierras ociosas por parte de los estratos más bajos de la pirámide socioeconómica son desalojados mediante imponentes operativos de represión policial, como ocurrió hace unos meses en las tomas de Guernica en la provincia de Buenos Aires, las grandes fortunas, muchas de ellas extranjeras, gozan de privilegios inexplicables, como la posibilidad de secuestrar para su uso privado parte irremplazable del patrimonio nacional.

Argentina tiene más de 266 millones de hectáreas con posibilidad de explotación agrícola, ganadera, vitivinícola o minera y 31 millones son cultivables. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), 35% del territorio pertenece a 1.250 propietarios. Según datos oficiales, 12,5 millones de hectáreas (5,57% de ese territorio rural) están en manos de extranjeros, y casi dos millones de estas, de firmas radicadas en paraísos fiscales.

"Demuestra que hay dos justicias. A los pobres, cuando usurpan una propiedad, cosa que no está bien, enseguida los sacan, pero un señor como Lewis tiene otras posibilidades. Por eso, desde hace 25 años, usurpa una propiedad pública, Lago Escondido, además de haber comprado la propiedad en violación a la ley, porque ningún extranjero puede tener propiedades en zona de frontera, excepto que estén casados con un argentino o que viva y tenga un proyecto en Argentina, y Lewis viene una o dos veces al año", explicó el investigador.

Años de impunidad

En 2003, legisladores provinciales presentaron un proyecto para que el Estado defina un acceso público al Lago Escondido por su carácter de dominio público. En 2005, se realizó la primera importante movilización popular para demandar paso al lago.

Ese mismo año, el diputado nacional Julio Accavallo presentó un proyecto de resolución para "evitar la concentración de la tierra y recursos acuíferos en manos extranjeras" y la entonces legisladora provincial Magdalena Odarda, actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial provincial "con el fin de que se garantizara el libre acceso a Lago Escondido".

En 2009, el Superior Tribunal de Justicia provincial ordenó crear un paso público al lago y tres años más tarde insistió en la obligación de las autoridades provinciales y los dueños de la propiedad de asegurar el acceso por todas las vías alternativas existentes y preexistentes.

El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia nacional, sin embargo, el Gobierno provincial de Alberto Weretilnek rechazó en 2013 la posibilidad de destinar los recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo.

En 2012, el Procurador de Investigaciones Administrativas nacional, Santiago Eyherabide, denunció penalmente a Lewis y sus socios por violación a la ley en la compra de la estancia. El juez que intervenía, Rodolfo Canicoba Corral, lo citó a indagatoria recién en 2015 y dictaminó el sobreseimiento por prescripción dado el tiempo transcurrido.

Eyherabide apeló, la Cámara Federal ratificó en segunda instancia la sentencia del juez, pero el procurador interpuso un recurso a la Cámara Nacional de Casación Penal, que finalmente, en 2018, revocó el sobreseimiento.

Olmos Gaona acompañó en 2017 la denuncia realizada por el recientemente fallecido exsenador Fernando Pino Solanas y el abogado ambientalista Enrique Viale al exministro del Interior durante la presidencia de Macri, Rogelio Frigerio, por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", luego de que desestimara un pedido del exprocurador del Tesoro nacional, Carlos Balbín, para que el Estado le iniciara al magnate británico un juicio por lesividad en la adquisición de la propiedad en cuestión.

El historiador presentó a mediados de noviembre pasado un escrito al actual procurador del Tesoro, Carlos Zanini, exsecretario Legal y Técnico presidencial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), para solicitar que se declare nula la compra, considerada fraudulenta por violar la ley que prohíbe que extranjeros posean propiedades en zonas de seguridad de frontera, en este caso linderas con Chile, norma vigente por cuestiones de Defensa nacional.

"Zanini tiene que hacer algo porque la ley lo obliga, no es una cuestión discrecional. Se le ha mostrado cómo fue la compra, la actividad delictiva, la cámara ya revocó el sobreseimiento a este señor, que interpuso un recurso de queja a la Corte Suprema, que también lo está estudiando con mucha lentitud, pero del que va a ser imposible que se libre porque las pruebas son abrumadoras", sentenció Olmos Gaona.

¿De quién es la Patagonia?

El caso de Lewis es uno entre varios multimillonarios extranjeros dueños de enormes extensiones de la Patagonia argentina, la región más extensa del país y también la que tiene la mayor concentración de tierras en pocas manos.

Otros son el magnate húngaro George Soros; el empresario mediático estadounidense Ted Turner; los herederos del imperio chocolatero suizo Suchard; el actor de Hollywood Silvester Stallone y, principalmente, el textil italiano Luciano Benetton, dueño del récord de 900.000 hectáreas, similar al tamaño de Chipre, la isla-Estado europea ubicada en el Mar Mediterráneo.

"Hay un caso, que es el único verdaderamente diferente, que es el de Douglas Tompkins, porque insólitamente compró tierras para preservar el terreno y lo donó al Estado", comentó Olmos Gaona, en referencia al empresario y ecologista estadounidense, quien murió en 2015 y cuya labor conservacionista permitió la creación de parques y reservas naturales en Argentina y Chile.

En 2011, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se sancionó la Ley de tierras rurales, que limitó la posesión extranjera de tierras a 1.000 hectáreas por propietario, ya sea personas físicas o jurídicas, y estableció un límite de 15% al total de campos que pueden estar en manos foráneas, a nivel nacional, provincial y municipal.

Recién asumido, en 2016, Macri modificó la ley por decreto presidencial para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros. Estableció que se considerara titular foráneo a quien sea dueño de más de 51% del capital social de una persona jurídica, cuando en la norma el porcentaje estipulado era de 25%.

"Lewis usurpa el Lago Escondido hace 24 años, es lo que en derecho penal se llama delito continuado; no prescribió porque lo sigue usurpando. Pero los funcionarios judiciales no actúan, hay una especie de laxitud para enfrentarse con el señor Lewis, que tiene suficiente dinero para comprar muchas voluntades y es un empresario exitoso, que es un elemento disuasivo y frenador. Pero si vivimos en un Estado de derecho esto debería terminarse", cerró el historiador.