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El coronavirus y los derechos humanos en las residencias de ancianos de España

© AP Photo / Emilio MorenattiReencuentro de Agustina Cañamero y Pascual Pérez después de 102 días separados por el coronavirus
Reencuentro de Agustina Cañamero y Pascual Pérez después de 102 días separados por el coronavirus  - Sputnik Mundo
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MADRID (Sputnik) — La primera ola de la pandemia del coronavirus provocó la muerte de infinidad de personas en las residencias de ancianos en España. Ahora, una investigación de Amnistía Internacional concluye que las políticas adoptadas, o no adoptadas, provocaron la violación de los derechos humanos en esos lugares.
"En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
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El informe publicado por la organización se centra se centra en analizar la gestión para responder a la pandemia del COVID-19 en las residencias de mayores de Cataluña y Madrid.

Falta de medios

A ojos de la organización, la denegación del derecho a la salud en las personas mayores "está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España" durante la última década.
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Durante la primera ola de la pandemia, en marzo y abril, esto se concretó en la falta de equipos de protección para el personal de las residencias y la ausencia de medios diagnósticos para detectar posibles contagios entre las personas ingresadas.
"Ya que no nos daban EPIS [Equipos de Protección Individual] optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria: batas con bolsa de basura, calzas o gorros de plástico. No hemos tenido ningún tipo de protección", cuenta Diana, trabajadora en una residencia pública de Madrid, cuyo testimonio recoge la investigación de Amnistía Internacional.

Excluidos de los hospitales

Por otro lado, el informe destaca que muchas de las personas residentes "quedaron excluidas de la derivación hospitalaria" y "tampoco recibieron la atención que necesitaban" en sus centros.
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Es el caso de Elena Valero, que perdió a su padre en marzo después de que se le denegara el traslado a un hospital en Madrid, cuyo sistema sanitario se vio desbordado con la irrupción de la pandemia.
"No le derivaron a un hospital pese a estar grave. Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico desesperada para que le derivaran, pero me dijo que les habían prohibido llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, que solo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara", explica.

Aislados en el desorden

A todo ello se suma que muchas de las personas residentes estuvieron semanas enteras prácticamente incomunicadas con el mundo exterior y sus familias, lo que según el informe generó en ellas un "deterioro emocional".
Amnistía Internacional destaca también que no hubo una uniformidad de criterio en las actuaciones en las residencias: Madrid y Cataluña adoptaron protocolos diferentes ante el primer pico de la pandemia sin que hubiera un seguimiento de su éxito o fracaso.
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"Creemos que de haber tomado medidas antes hubieran permitido evitar la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente. Tendríamos que haber podido avanzar en informar, capacitar a los equipos, de algún modo haber estado más prevenidos y preparados", apunta Lourdes Bermejo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde Amnistía Internacional instan a España a eliminar las medidas discriminatorias a las personas mayores, recomiendan trabajar en base a evaluaciones individualizadas, piden garantizar el contacto de los pacientes con sus familiares e invitan al Gobierno a impulsar una ley estatal para cambiar el modelo residencial.
"Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no pueden depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos", concluye Beltrán.
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