Amenaza en el palacio 'protegido': los inquilinos que Madrid quiere desahuciar

Unas 32 familias viven en un edificio del Ayuntamiento situado en el centro de la ciudad. Pende sobre ellas una orden de lanzamiento. La semana pasada quedó en suspenso, pero siguen en vilo. Tras el desalojo no hay un proyecto concreto para el inmueble.

Julia Lucas llegó de Ciudad Real a Madrid cuando todavía no fijaba con claridad los recuerdos. A sus 72 años, toda su imaginería infantil y juvenil está ligada a las mismas cuatro paredes. Las que guarecían a su familia en un inmueble del centro de la ciudad, en pleno barrio de Malasaña. Su padre fue el portero del Palacio de la Infanta Carlota, situado en el número 32 de la calle Luna. El oficio le dotó de un salario ajustado y de un hogar en el bajo. Pegado al vestíbulo, con aires de antigua caballeriza.

El edificio lo había ideado el arquitecto Juan de Villanueva en 1775, creador también del Jardín Botánico o del Museo del Prado. En 2005, el consistorio abrió un procedimiento de adquisición que concluyó en 2011. Desde entonces, este patrimonio —que goza del nivel máximo de protección— quedó pendiente de rehabilitación. Jamás ocurrió. Además, en los planes estaba desalojar a los inquilinos y emprender un proyecto nuevo en este espacio.

"Pusieron con el iraní nuevas ventanas y taparon la madera del suelo. Algunos pisos los dividieron hasta en tres", explica Julia Lucas desde su pasillo, mostrando aquellas obras, "al mío no lo tocaron porque me negué".

Desde entonces, la única intervención fue apuntalar la escalera. "En 2011 nos dijeron que iban a reconvertirlo y teníamos que irnos, que no pagáramos más mensualidades. Y lo único que hicieron fue el teatrillo ese del rellano", señala Julia Lucas sobre las enormes vigas de madera que surgen en medio de las barandillas. No tocaron nada más.

Ni siquiera devolvieron los leones que custodiaban los primeros peldaños, los jarrones de las hornacinas y los frescos pompeyanos que daban la bienvenida en el zaguán o las artesonadas del techo. Todo se dejó al albur de los días. Las paredes se fueron desconchando, las baldosas resquebrajándose y los enchufes desapareciendo.

Todo, menos la casa de Julia Lucas, cuyo salón luce impoluto. Guarda en la mesa de la entrada el taco de papeles que acumula desde que comenzaron "los problemas". La última grapa que ha puesto es la del recurso tras el intento de lanzamiento. El 24 de noviembre se fijó la fecha para desalojarles. Al final, se paralizó. Los 210 vecinos adultos y 40 menores aproximadamente que habitan las 32 viviendas del bloque respiraron. De momento.

"Avisaron en noviembre del año pasado y ahora tenemos 20 días para recurrir", apostilla Lucas, que muestra cómo se les prorrogó el proceso hasta el 12 de diciembre. La veterana aún mantiene carteles distribuidos por el edificio. Convoca a una reunión para tratar el tema. La mayoría acude para saber lo que les espera. "Llegué hace cuatro años y me metí porque tenía familia", cuenta María, una chica peruana que comparte pasillo con Julia. "Nosotros pagamos 11.000 euros por el piso hace unos años", comenta lacónica F., una chica rumana de 22 años que charla frente a los contenedores con otras dos vecinas. Ellas no quieren dar ningún testimonio: están "hartas".

"Vivimos en la incertidumbre", resume un señor que sale de un pasadizo a oscuras. Asegura que entró en el palacio con un alquiler. Poco después, se enteró de que la supuesta casera no era tal. Y dejó de pagar. Como el resto de inquilinos. Esa situación es la que aprovecha el Ayuntamiento para tacharles de okupas y tenerles en la intemperie jurídica. Se escudan en que los residentes se encuentran de forma ilegal y con diferentes grados de vulnerabilidad social.

Una de estas personas en situación de riesgo es la que cuida el patio. Prefiere no dar muchos datos. Con un cáncer reciente y 48 años, se ha quedado sin trabajo en el bar donde trabajaba. "De 10 en plantilla han echado a siete, porque no tiene mesas", explica, diciendo que ella iba los viernes, sábados y domingos. Si hacía falta, entre semana. "Me ponían hasta un taxi cuando necesitaban a alguien urgentemente", arguye. Ahora se saca 20 euros al mes por ayudar a un local cercano a recoger la basura: los cubos se amontonan en un recoveco, entre pancartas que claman contra el alcalde, José Luis Martínez Almeida, o la vicealcaldesa, Begoña Villacís. "No nos dejen sin casa", ruegan.

"Muchos de los que viven están en situación de desamparo", indica Jordi Gordon, portavoz de la plataforma SOS Malasaña, lamentando también las formas en que está tratando el asunto el ayuntamiento: "Tratan de estigmatizar a los vecinos, pero dejaron de hacer nada. Hemos hasta pedido que miren el expediente de cuando se produjo la adquisición", confiesa.

Gordon se acuerda del caso de un vecino que le amputaron una pierna y no puede trabajar. O del de una mujer hondureña que se tuvo que volver a su país para cuidar a su padre y se quedó sin nada. "Hay mucha economía irregular. Y no pueden conseguir ni los permisos", reseña. El futuro, arguye, está "jodido". "Estamos esperando a ver cómo se concreta la ley sobre los desahucios en la pandemia, pero es complicado. Y hay que ver qué pasa con quienes estaban allí de antes, los que se han metido en estos años y las condiciones que les dan. Estamos en un territorio ambiguo", apunta, suspirando por si se produce antes o después de la Navidad.

En el consistorio han argumentado que el desalojo se debe, entre otros, a problemas estructurales "graves" y "riesgo de salubridad por basura acumulada". Pero no han dado soluciones habitacionales ni han propuesto un nuevo uso. Solo el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, dejó caer que podría emplearse a una residencia de ancianos, un centro de salud o uno cultural.

"Se habla de una biblioteca o un geriátrico, pero ni idea. Son unos locos de la vida. Y lo peor es la incertidumbre", afirma Julia, rememorando aquellas visitas de Luis Carrero Blanco en su adolescencia. El presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco, asesinado por ETA en 1973, visitaba a su hermana, una de las inquilinas. "Por aquí han pasado personalidades importantes", concede, defendiendo la "organización" para resistir. "Yo nunca dejo el piso solo, por miedo a que vengan mientras estoy fuera. Pero ni estando dentro van a conseguir sacarme", insiste la veterana, después de toda una existencia en el bloque, plagada de recuerdos.

© Sputnik / Alberto García Palomo