"En Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) ha reprimido violentamente a las personas que han manifestado de forma pacífica. Exigimos investigación y destitución inmediata del ministro de gobernación, del viceministro de seguridad y del director de la PNC", demandó la líder indígena desde su cuenta de Twitter.
En Guatemala, la policía nacional civil ha reprimido violentamente a las personas que han manifestado de forma pacífica. Exigimos investigación y destitución inmediata del ministro de gobernación, del vice ministro de seguridad y del director de la PNC.
— Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) November 23, 2020
Menchú se hizo eco de la demanda del opositor Movimiento Semilla, cuya bancada exigió la renuncia del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el director de la PNC, José Tzubán, por los casos de uso de fuerza para disolver las manifestaciones del pasado fin de semana.
Al menos dos personas perdieron el ojo izquierdo como consecuencia de las lesiones serias sufridas durante la movilización del 21 de noviembre en la capitalina Plaza Central de la Constitución, donde la PNC lanzó gases lacrimógenos.
Según datos policiales, en Ciudad de Guatemala fueron detenidas 39 personas, algunas que ni siquiera participaban en las manifestaciones, y otras siete fueron arrestadas en la ciudad de Quetzaltenango, donde también tuvieron lugar protestas contra la aprobación del presupuesto.
El Ministerio Público presentó acusaciones por los delitos de manifestaciones ilegales, atentado y desorden público; el juez a cargo ordenó la liberación de los detenidos por falta de pruebas, aunque avaló la acción policial.
La directiva del Congreso de Guatemala suspendió el proceso para ratificar el presupuesto del 2021, aunque negó que el mismo fuera el detonante de las manifestaciones, las cuales tildó de "actos terroristas" planificados para romper "el orden constitucional".
En un comunicado oficial, el Gobierno de Guatemala se escudó en "los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días" para invocar la Carta Democrática aprobada en 2001 por la Organización de Estados Americanos para restablecer el orden democrático en situaciones que lo ameriten.
