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CIDH inicia una investigación sobre violencia política en Bolivia y llama a la reconciliación

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LA PAZ (Sputnik) — Un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una amplia investigación sobre la violencia política de fines de 2019 en Bolivia, que dejó al menos 37 muertos, y prometió que su trabajo será un aporte a la reconciliación y la paz en el país.
"Este proceso es indispensable para la reconciliación nacional y consolidación de la paz social en el país", dijo el presidente de la CIDH, Joel Hernández, al presentar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que prevé presentar un informe en un plazo de seis meses.

Hernández intervino virtualmente en un acto en la Cancillería boliviana, en el cual se suscribió el protocolo que enmarcará el trabajo del GIEI, cuya llegada fue acordada en diciembre del año pasado, pero resultó demorada primero por decisión del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y luego por la pandemia del COVID-19.

El GIEI, según se anunció, investigará las violaciones a derechos humanos ocurridas entre septiembre y diciembre de 2019, abarcando la campaña electoral, los comicios de octubre ganados por el expresidente Evo Morales (2006-2019), las protestas postelectorales, el derrocamiento del indígena, la autoproclamación de Áñez y las protestas contra el golpe.

Necesidad de justicia

El grupo de la CIDH actuará en un escenario en el que crecen las demandas de justicia, entre discrepancias políticas sobre lo ocurrido en el país en el último año, pese a una abrumadora sucesión de investigaciones no oficiales que calificaron como masacres a las muertes de manifestantes anti-golpe.

Seguidores de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo durante su asunción en Bolivia - Sputnik Mundo
¿Por qué el pueblo ganó a los golpistas bolivianos?
El Gobierno de Áñez, que concluyó su gestión el 8 de noviembre pasado cuando asumió el presidente Luis Arce, ha negado responsabilidad en la violencia política, atribuyéndola principalmente a activistas movilizados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.

En contraste, la mayoría de las otras versiones, consolidadas en un informe del parlamento, establecen que de 37 muertes en los conflictos, al menos 27 constituían delitos de lesa humanidad por el uso de fuerza policial y militar desproporcionada contra manifestantes.

El informe parlamentario concluyó que, por haber firmado un decreto que eximió a los militares de responsabilidades penales por la represión, Áñez debería ser sometida a juicio de responsabilidad.

"No podemos tener reconciliación si no hay justicia, si las víctimas de estos sucesos no encuentran la respuesta a su clamor de justicia. Eso es lo que estamos empezando a construir hoy día, a través de la suscripción de este protocolo", dijo el canciller Rogelio Mayta.

Mayata añadió que el Estado boliviano se comprometía a cooperar con el GIEI todo lo que requiera para completar su trabajo, garantizándole plena independencia y seguridad.

Expertos

Hernández presentó a los seis expertos que, según destacó, fueron seleccionados por la CIDH en base a su prestigio y proceden de cinco países, aunque no los representan, sino que actúan a título personal.

El grupo está conformado por:

  • el chileno-español Jaime Vidal, abogado especialista en derechos humanos, quien trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y actualmente coordina la Sección de Seguimiento de Recomendacionese Impacto de la CIDH y ejerce como secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia;
  • los argentinos Juan Méndez, expresidente de la CIDH y relator de la ONU sobre Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco;
  • el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal y procurador adjunto de Derechos del Ciudadano;
  • el británico Julian Burger, profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, quien trabajó anteriormente en la Oacnudh;
  • la colombiana Magdalena Correa, abogada y experta en derecho constitucional económico.
"Lo que nos congrega al Gobierno, a la CIDH y a la diversidad de expertos es la voluntad compartida de que exista memoria, verdad y justicia para las víctimas", dijo Hernández.

Añadió que el pleno de este organismo considera hacer próximamente una visita colectiva a Bolivia.

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