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La RAE, preocupada por la Ley de Educación del Gobierno de España

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Tras recibir el espaldarazo definitivo en el Congreso de los Diputados, la nueva ley de Educación continúa siendo objeto de polémica, esta vez a cuenta de la Real Academia Española de la Lengua, que mediante un comunicado muestra su preocupación por que el nuevo texto legal "no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado".

La Lomloe (Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación) continúa acaparando la atención de diversos sectores de la comunidad educativa y la cultura. En esta ocasión, el organismo encargado de velar por la unidad de la lengua española en todo el ámbito hispánico también muestra su inquietud ante el nuevo texto legal aprobado.

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A través de un comunicado emitido el 19 de noviembre, el mismo día en que la Ley Celaá obtenía el necesario apoyo mayoritario para su aprobación en la Cámara Baja del Parlamento, la RAE invocó a la salvaguarda de la Constitución para referir que la lengua oficial del Estado no puede quedar sin protección en ninguno de los territorios autonómicos con otras lenguas propias. "La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar", cita el documento.

La institución asegura haber seguido "atentamente" los debates en torno a la Lomloe, en particular "los pormenores que conciernen al uso de la lengua española en los diversos niveles de enseñanza".

Sin competencias, pero preocupados

La institución dirigida por Santiago Muñoz Machado admite carecer de competencias "para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad", pero muestra inquietud ante las disposiciones de la nueva ley.

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Su preocupación principal es que "el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna". Los académicos aluden al valor "incalculable" de una comunidad hispanohablante de 485 millones de personas en todo el planeta, circunstancia que "obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización".

Por todas estas razones y dados "los deberes de protección que la Constitución impone", la Real Academia Española se pone "a disposición" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que brinda "el asesoramiento que se considere necesario".

Recordamos que la RAE, que tiene también por misión el establecimiento y difusión de los criterios de propiedad y corrección de la lengua, es un órgano consultivo al que los distintos Gobiernos de España han recurrido en alguna ocasión para dirimir el sentido de iniciativas concretas, ocasionándose ciertas tiranteces. Así ocurrió en enero, cuando la vicepresidenta Carmen Calvo mostró su disconformidad con un informe elaborado por la institución, poco favorable a adaptar el lenguaje inclusivo a la Constitución.

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