Expliquemos lo que ha pasado en Perú: en los últimos cinco años, el Congreso ha realizado cuatro pedidos de destitución por incapacidad moral contra presidentes. Dos contra Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien finalmente renunció; y dos contra Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue, efectivamente destituido el 9 de noviembre pasado.
La decisión del TC era crucial porque podía poner límites a esta figura constitucional que puede sacar a un presidente, pero la corte decidió "sustraerse de la materia"; es decir, no pronunciarse al considerar que, como la demanda fue presentada por un pedido que no prosperó, pues no cabía dar una sentencia sobre algo que, finalmente, no había sucedido; dejando las cosas tal cual estaban siempre y dando, implícitamente, carta blanca para que el actual Congreso hostil intente, otra vez, destituir a un presidente porque le parece, dentro de su juicio subjetivo, "inmoral".
La calle viva
Luego de la destitución de Vizcarra y la toma de mando del extitular del parlamento, Manuel Merino, se sucedieron protestas ciudadanas a nivel nacional que muchos consideran como la mayor manifestación en la historia del país, liderada por los jóvenes en su mayoría.
Las protestas lograron que Merino renunciara a la presidencia el 15 de noviembre y asumiera la máxima jefatura el expresidente del Congreso, Francisco Sagasti; un político conciliador que ha sido aceptado, cuando no celebrado, por la población.
Sin embargo, la primavera peruana tras la crisis política y social parece que va a ser breve, pues tras la decisión del TC de, en el fondo, permitir que el Congreso siga teniendo a su alcance esa "bomba atómica" contra el Ejecutivo que es la causal de destitución por incapacidad moral, ha activado y hecho extensivo un pedido que, durante las manifestaciones y antes de la crisis era una iniciativa regularmente popular y exclusiva de la izquierda: el cambio de Constitución.
Considerando que las protestas en Chile que derivaron en un plebiscito constitucional fueron una inspiración, en un punto considerable, para las protestas en el país andino, con muchos ciudadanos afirmando que, al igual que el vecino del sur, "el Perú también despertó"; lo realizado por el TC ha gatillado un pedido de cambio de Constitución y no tanto por motivos económicos, que eran los que la izquierda esgrimía con más fuerza, sino por la percepción de que el modelo político peruano es insostenible.
El sistema ha fallado
De hecho, luego de las marchas y, más aún luego de lo decidido por el TC, Verónika Mendoza, líder de Nuevo Perú, uno de los partidos más sólidos de la izquierda, viene exigiendo que en las elecciones generales de abril de 2021 se implemente una "segunda urna" para votar si los peruanos desean una nueva Carta Magna.
Es ciertamente asombroso cómo las cosas han cambiado en Perú en cuestión de días. La ciudadanía no sólo está empoderada luego de ver que gracias a su protestas ha logrado lo que quería, acabando con las pretensiones de un Congreso impopular, sino que su visión de lo que falla en el país ha cambiado. Si antes era la corrupción el problema mayor, ahora parece que es el sistema político y las relaciones entre los poderes lo que se percibe como el enemigo a vencer.
El magistrado del TC, Ernesto Blume, que votó a favor de sustraerse de la materia en la demanda por la destitución presidencial, afirmó el jueves 19 que "no es prudente que el Tribunal esté echando leña al fuego", en alusión a que no puede agravar la crisis social en el país; pero todo indica que la corte ha logrado exactamente lo contrario: azuzar el descontento ciudadano y los nuevos deseos por un cambio radical encarnado en una nueva Constitución.
