Varios parlamentarios israelíes recogieron firmas en una petición al primer ministro para que legalice unos 70 asentamientos que albergan a más de 20.000 personas en Cisjordania.
Según la petición, los parlamentarios consideran que "la regulación de los asentamientos jóvenes debe hacerse ahora", y creen que "no es justo, razonable o responsable dejar los asentamientos sin estatus y a decenas de miles de sus residentes privados de sus derechos", según recogió el diario Yedioth Aharonot.
Si bien la comunidad internacional considera ilegal todos los asentamientos judíos detrás de la Línea verde (la frontera de 1967 que separa Israel de los territorios palestinos), Israel diferencia entre las residencias de asentamientos legales construidas y permitidas por el Ministerio de Defensa en terrenos propiedad de Israel, y los puestos avanzados ilegales construidos sin los permisos necesarios, a menudo en tierras palestinas privadas.
Fuentes del Gobierno israelí han sugerido que podrían utilizar las ocho semanas restantes de la actual Administración Trump para acelerar el ritmo de la construcción en Cisjordania antes de que el posible nuevo gobierno de Biden probablemente exija congelar o ralentizar las expansiones de asentamientos.
El 15 de noviembre la Autoridad de Tierras de Israel y el Ministerio de Vivienda avanzaron planes para construir 1.257 unidades en un nuevo y controvertido vecindario en Jerusalén este llamado Givat Hamatos, lo que provocó un reproche de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la Unión Europea (UE), pero no de la Casa Blanca.
Si se construyera, Givat Hamatos se convertiría en el primer nuevo barrio judío en Jerusalén Este en dos décadas, añadiendo así otro obstáculo a la esperanza palestina de que el lado oriental de la ciudad sea en el futuro su capital.
