"El día lunes 23 vamos a firmar un protocolo, el Gobierno con la CIDH, para que se investigue de manera imparcial todo lo que ha ocurrido en Senkata, Sacaba, Pedregal y en toda Bolivia”, dijo Del Castillo a familiares de las víctimas de la represión policial-militar ocurrida en noviembre del año pasado.
Al acto, desarrollado en el mismo lugar de la masacre, y durante el cual un sacerdote católico ofició una "misa de campaña", asistieron centenares de vecinos, incluidos familiares de las víctimas, autoridades, activistas de derechos humanos y representantes de la Organización de las Naciones Unidas.
Varias masacres
Las masacres atribuidas a la fuerza pública tras la autoproclamación de la presidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), ocurridas en Senkata, Sacaba (Cochabamba, centro), Pedregal (La Paz) y otros distritos, dejaron por lo menos 27 fallecidos, según una investigación del Parlamento.
Del Castillo remarcó el carácter independiente de la investigación de la CIDH, cuya misión de expertos internacionales comenzará el venidero 23 de noviembre un trabajo que duraría seis meses.
El ministro aseguró que el Gobierno dará "todas las facilidades necesarias" para que la CIDH investigue no solo las masacres mayores sino todos los hechos de violencia, y en especial las muertes, que ocurrieron durante la crisis que vivió Bolivia tras las elecciones anuladas de 2019.
"Se buscará justicia para todos los caídos, (…) ellos [CIDH] van a realizar una investigación de manera imparcial que seguramente la justicia boliviana va a tomar en cuenta para identificar a los autores intelectuales y materiales", dijo Del Castillo.
La oposición conservadora ha denunciado insistentemente en los últimos días un supuesto afán del gobierno socialista de Luis Arce de concentrar la atención en las masacres atribuidas al Ejecutivo transitorio, con el objetivo de sumar evidencias para un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó este 19 de noviembre que hasta ahora la fiscalía no haya abierto formalmente una investigación sobre las muertes políticas del año pasado, pese a que ya son de su conocimiento varias denuncias, un informe preliminar de la CIDH y la reciente investigación parlamentaria.
"A un año de la masacres (…) estos hechos se mantienen impunes porque el Ministerio Público hasta la fecha no ha hecho nada porque las investigaciones avancen", dijo Cruz en una declaración publicada por su oficina en la cuenta oficial de Twitter.
A un año de la masacres de #Senkata y #Sacaba, las muertes en la #ZonaSur de #LaPaz, #Betanzos, #Montero y el norte integrado cruceño, estos hechos se mantienen impunes porque a la fecha la @FGE_Bolivia no ha hecho nada para que avancen las investigacioneshttps://t.co/VGZ7sZ31f9
— Nadia Alejandra Cruz Tarifa (@NadiaCruzDP) November 19, 2020
Añadió que esta conducta de la fiscalía "no ha permitido a las víctimas acceder a la justicia y ha permitido que se mantenga esta impunidad tras un año de lo ocurrido".
El presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, dijo en la misma red social que las familias de las víctimas de las masacres esperaban que la CIDH trabaje "libre de limitaciones y presiones" del Gobierno o de la oposición.
