El documento aprobado elimina al cannabis de la lista de sustancias psicoactivas, pero al mismo tiempo aplica penas de prisión "de tres a seis años por la posesión" de una cantidad superior a la que será permitida para los consumidores, a quienes no cuenten con autorizaciones y registros que serán establecidos.
Los castigos serán "de 10 meses a tres años de prisión cuando no se pueda acreditar que la persona buscaba comercializarla".
La mayoría de senadores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y pequeños partidos oficialistas aliados lograron la mayoría de las comisiones en una sesión en la que la oposición rechazó que el dictamen mantenga el "enfoque punitivo".
Debate en el Pleno Senatorial
El dictamen, que pasará al pleno del Senado el 19 de noviembre, es cuestionado por las organizaciones que se oponen a una legislación que contenga elementos del antiguo "enfoque punitivo" que ha prevalecido durante décadas en el país.
El texto actual amenaza con "mantener la criminalización de las personas usuarias y las poblaciones más vulnerables, lo que habilita un mercado del que se beneficiarán, principalmente, actores privados y extranjeros", denunció la organización México Unido Contra la Delincuencia.
La mayoría oficialista logró introducir un adéndum con nuevas legislaciones punitivas, sin debates particulares del dictamen, que fue cuestionado como un inusual atajo legislativo.
El máximo de marihuana que será autorizado como "posesión personal", será de 28 y 200 gramos.
La adquisición del enervante podrá hacerse únicamente en establecimientos autorizados por una nueva corporación federal que será creada, el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis.
