"Esperamos que se tome la decisión correcta porque si no, no es entonces un sistema complementario, sino la Corte Penal Internacional se convertiría en una especie de organismo de facto, intervencionista e injerencista en la justicia de los pueblos y eso no puede ser", expresó Saab en una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión.
El otro caso, dijo el fiscal, se trata de llamado Venezuela II, mediante el cual el Estado denunció las violaciones masivas a derechos humanos que ha desarrollado Estados Unidos contra ese país caribeño, a partir de la imposición de medidas coercitivas.
"¿Quién puede negar en este momento el daño terrible que han causado las sanciones económicas, el bloqueo económico que los Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela?, donde si el Estado venezolano quiere comprar medicinas, alimentos, vender nuestro petróleo, nuestro oro, no puede hacerlo", expuso.
El fiscal manifestó que confían en las pruebas que el Ministerio Público ha consignado y las que entregará próximamente sobre los casos relacionados a Venezuela.
El tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.