"Queríamos presentarles un balance de lo que hemos podido registrar de ataques a periodistas desde que empezó la movilización ciudadana el lunes 9 de noviembre, (…) en total en estos siete días de cobertura y manifestaciones hemos podido registrar 40 ataques a periodistas, 33 fueron efectuados por efectivos de la Policía Nacional, la represión policial se convirtió en el mayor agresor contra nuestros colegas, siete de estos ataques respondían a sujetos no identificados en el rango de las protestas sociales", dijo la integrante de la ANP, Zuliana Lainez, en conferencia de prensa virtual.
La ANP instaló un observatorio para registrar los ataques a periodistas el mismo lunes, y habilitó números de emergencia para que se puedan denunciar las agresiones, señaló.
"Los efectivos policiales no solo han vulnerado el protocolo que les marca la normativa legal nacional para la intervención en este tipo de operativos, sino que han pasado por encima de cualquier estándar interamericano, que debe marcar la actuación y el uso de la fuerza al momento de una protesta social y sobre todo el papel que cumplen los y las periodistas que hacen cobertura, el Estado está obligado a garantizar la seguridad y en este caso no solo ha evadido sino que se ha convertido en el principal agresor", resaltó.
La portavoz de la ANP denunció que el nivel de represión policial actual no lo veían en el país desde hace 30 años, y llamó a los agredidos a iniciar acción penal, "para que no queden impunes las agresiones, garantizar que este nivel de violencia no se repita".
En la conferencia también participaron Adriana León, representante del Instituto de Prensa y Sociedad, José Vidal, de la Asociación de Fotoperiodistas de Perú, Oscar castillo, periodista de Ojo Público, y el fotoperiodista Cesar Campo, agredido durante las protestas.
Todos los participantes coincidieron en que el tema no ha terminado con la renuncia de quienes tenían las responsabilidades políticas de lo sucedido, y se debería destituir a las personas que estaban a cargo de los operativos, que deben además enfrentar a la justicia.
En ese sentido resaltaron el valor de las redes sociales en este contexto, que han permitido mostrar lo que las autoridades negaban.
"Vamos a estar vigilantes, vamos a identificar a todos aquellos que quieran coartar nuestra libertad de información", afirmó León, quien consideró que debería ser pública la junta de portavoces del Congreso que analiza la sucesión presidencial después de la renuncia de Manuel Merino el 15 de noviembre.
"Todos los peruanos tenemos derecho a saber qué se está discutiendo ahí en un momento crucial para el país", afirmó.
Las protestas ciudadanas comenzaron el 9 de noviembre tras la destitución de Martin Vizcarra y continuaron diariamente desde entonces.
El sábado se registró la muerte de dos jóvenes durante la represión policial de las protestas, que obligó a la renuncia de Merino, quien había asumido el 10 de noviembre en lugar de Vizcarra.
