"Esta comarca ha costado muchos años de sacrificio, una lucha permanente contra muchos intereses y contra las voces críticas de los pueblos indígenas", destacó en sus redes sociales Marcelo Guerra, presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).
La creación de la referida comarca partió de la Ley 656, impulsada durante sus años como diputado por el actual viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacio, pero fue vetada por el expresidente Juan Carlos Varela por considerarla inconveniente e inconstitucional.
Reynaldo Santana, rey de los Naso, valoró la oficialización del estatus de comarca para proseguir con la lucha milenaria de su pueblo en la conservación de los parques naturales, un logro de los siete pueblos indígenas y 12 congresos y consejos aglutinados en la Coonapip.
El fallo de la Corte ratificó la obligatoriedad del Estado de Panamá de garantizar a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva para el logro de su bienestar económico y social, amparados por la ley y con la prohibición de toda apropiación privada.
En Panamá existían tres comarcas indígenas con estatus de provincia (Emberá-Wounaan, Kuna Yala y Ngäbe-Buglé) y dos con rango de corregimiento (Kuna de Madugandí y Kuna de Wargandí).
