"Ha sido el gobierno sandinista el que ha definido con claridad meridiana de que el agua potable es un derecho humano (…) aquí se están defendiendo los derechos humanos al aprobar una ley de aguas nacionales que tiene como único fundamento garantizar el acceso ininterrumpido y con calidad al agua para todos los nicaragüenses", expuso el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez al solicitar el voto favorable del plenario.
Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Legislativo, refutó la idea divulgada por opositores de que la reforma al texto jurídico pretenda la privatización de ese servicio básico para la población.
Agregó que el objetivo de la reforma se centraliza en la eficiencia, para lo cual concentrará esfuerzos de manera ordenada para continuar la garantía del acceso al servicio, y también establecer normativas dirigidas a la preservación del recurso hídrico.
El diputado Carlos Emilio López, de la bancada sandinista, insistió en que el acceso al agua consiste en un derecho humano, y pocas leyes en América Latina expresan esa concepción de manera taxativa tal como lo deja consignado la ley nicaragüense.
Antes de 2007 ese reconocimiento no estaba señalado en la legislación de Nicaragua, en la cual existía una vulnerabilidad y un riesgo de que el agua fuera tratada como una mercancía, recordó López.
