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Denuncian que la nueva ley de Educación compromete el futuro del castellano: ¿riesgo real o exageración?

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Las enmiendas al texto de la LOMLOE eliminan la mención del carácter vehicular del castellano en la enseñanza en todo el país. La oposición estima que se priva así del derecho a estudiar en esta lengua, pero el Gobierno lo niega. ¿Está comprometido el futuro del castellano en territorios como Cataluña y País Vasco?

La nueva ley de Educación, conocida como Ley Celaá, sigue dando pasos hasta su completa aprobación. Luego de estudiarse durante varias ponencias hasta 1.168 enmiendas al proyecto de ley, el texto resultante fue aprobado el 5 de noviembre en la Comisión de Educación del Congreso. Y lo hizo con polémica.

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Con 20 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y los independentistas catalanes de ERC), 16 en contra y la abstención de los nacionalistas vascos del PNV, se dio el visto bueno a la enmienda de que no se mencione en la nueva norma que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza. "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios", se recogía en el texto inicial, que también consignaba el carácter vehicular a todas las lenguas del país. Pero ahora se elimina la referencia a las lenguas cooficiales como "lenguas vehiculares" y al castellano como "lengua oficial del Estado".

La ley que ahora se pretende sustituir, la LOMCE, citaba que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas". Por vehicular se entiende un término para hacer referencia a las lenguas vernáculas que pueden existir dentro del ámbito educativo.

El Gobierno asegura que nada cambia

En el Ejecutivo de Pedro Sánchez niegan que esta enmienda vaya a poner en peligro al castellano en las aulas de Cataluña o País Vasco, por ejemplo.

Con la eliminación de las referencias al castellano como "lengua oficial del Estado" y a las "lenguas vehiculares", se introduce la posibilidad de que sean las Comunidades Autónomas quienes puedan determinar cuál es la lengua vehicular en la comunidad educativa de sus territorios. Desde el Gobierno se subraya que la mención al carácter vehicular del castellano tampoco figuraba en las leyes de Educación anteriores a la LOMCE, por lo que se vuelve a la situación previa.

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El portavoz de Educación del cogobernante Unidas Podemos, Joan Mena, se mostró satisfecho con la enmienda, pues en su opinión el catalán queda definitivamente protegido en Cataluña sin que se "relegue" al castellano. Pero la enmienda no ha sentado bien en la bancada de la oposición, algunos de cuyos partidos han manifestado la intención de acudir al Tribunal Constitucional para anularla. "Con los derechos fundamentales no se mercadea y menos si afectan a menores", declaró a los medios Marta Marín, portavoz de Ciudadanos, para quien la situación que se abre es "gravísima".

"Se está haciendo una montaña de un grano de arena, es una polémica artificial", declara a Sputnik Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato CCOO. "La LOMCE es la que introdujo el concepto del castellano como lengua vehicular, hasta entonces eso no existía, ni en la LOE, ni en leyes anteriores, tampoco está recogido en la Constitución española".

En cualquier caso, antiguos cargos y miembros históricos del PSOE han promovido una recogida de firmas en la plataforma change.org en defensa del castellano como lengua vehicular. Lanzada por Antonio Miguel Carmona y secundada entre otros por los expresidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, la iniciativa cuenta también con el apoyo del exsecretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez, y exministros como César Antonio Molina o el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

Pero oposición y asociaciones sí

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, escribió en Twitter que la decisión del Gobierno y sus socios "quita a muchos el derecho a conocer el castellano y a hablarlo". El PP también anuncia que recurrirá a las instancias europeas.

Y desde distintas asociaciones se critica igualmente la enmienda a la ley. "Si retiras el carácter vehicular y oficial del castellano en todo el país, se transmite un mensaje: que los alumnos no tienen el derecho a estudiar en castellano en su propio país", explica a Sputnik Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB).

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En su opinión, la enmienda es la contrapartida de que el Gobierno haya obtenido de ERC "su apoyo a los presupuestos". "A cambio", señala, "ERC tiene un soporte legal para seguir excluyendo al español de la escuela catalana". Otros partidos, como UPN, apuntan la misma idea y hablan de "chantaje nacionalista" que vulnera la Constitución. La aseveración por parte del Gobierno de que la enmienda "no cambiará nada", es calificada por la AEB como "cínica". "No puede decir que las cosas no van a cambiar, cuando las cosas ya están mal en Cataluña", afirma Losada, y pone un ejemplo:

"Un niño cuyos padres se mudaran a Cataluña por motivos laborales no recibirá ninguna asignatura en castellano. Sólo Lengua Española, y encima con menos horas lectivas que Inglés. Entonces, cuando el Gobierno dice que se garantiza el conocimiento del castellano, es como si dijera que se garantiza el conocimiento del inglés".

"Pero si hay un problema anterior, no es cuestión de la enmienda, porque si lo que se pone en cuestión es el modelo de inmersión lingüística, eso es otro debate", puntualiza Francisco García, que añade que tal modelo "cuenta con el ordenamiento jurídico a favor y está amparado por la Constitución".

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Para CCOO, la polémica prende entre quienes también critican "la desaparición de la cesión de suelo público para construir centros privados y concertados, que era un escándalo, pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer los centros concertados". "Hay a quien le interesa crear miedo, aunque sea con temas traídos por los pelos, como la polémica suscitada a cuenta de la supuesta aparición de un IVA educativo para gravar a los alumnos que fueran a colegios privados y concertados. Porque en el borrador de los presupuestos de la ley esto no aparece", afirma Francisco García, que subraya:

"La enseñanza del castellano está garantizada en la Constitución y en todas las leyes educativas, incluida la LOMLOE. No hay ningún riesgo, como tampoco lo hubo antes de la LOMCE".

Desde CCOO recuerdan que el nivel de competencia curricular en castellano de los alumnos catalanes está una décima por encima de la media nacional. "Es decir, esos alumnos, que son un ejemplo claro de inmersión lingüística, dominan el castellano como el resto o incluso un poquito mejor", zanja García.

"Nosotros nos implicaremos en las acciones que consigan revertir la situación, y esperamos que el Defensor del Pueblo actúe en consecuencia y denuncie la Ley ante el Tribunal Constitucional", señalan en la AEB, donde también advierten de "la presión" de organizaciones como Plataforma per la Llengua, la ANC o Unió Cultural. "Rompen la convivencia, hay campañas de acoso y derribo contra comercios que no hablan en catalán", denuncia Ana Losada.

"El castellano es vehicular porque es oficial en España, así lo resolvió la sentencia del Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatut de 31/2010, donde se decía claramente que aunque el catalán sea el centro de gravedad en la escena catalana, en ningún caso el castellano debe dejar de ser lengua vehicular", concluye.
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