La nueva ley de Educación, conocida como Ley Celaá, sigue dando pasos hasta su completa aprobación. Luego de estudiarse durante varias ponencias hasta 1.168 enmiendas al proyecto de ley, el texto resultante fue aprobado el 5 de noviembre en la Comisión de Educación del Congreso. Y lo hizo con polémica.
La ley que ahora se pretende sustituir, la LOMCE, citaba que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas". Por vehicular se entiende un término para hacer referencia a las lenguas vernáculas que pueden existir dentro del ámbito educativo.
El Gobierno asegura que nada cambia
En el Ejecutivo de Pedro Sánchez niegan que esta enmienda vaya a poner en peligro al castellano en las aulas de Cataluña o País Vasco, por ejemplo.
Con la eliminación de las referencias al castellano como "lengua oficial del Estado" y a las "lenguas vehiculares", se introduce la posibilidad de que sean las Comunidades Autónomas quienes puedan determinar cuál es la lengua vehicular en la comunidad educativa de sus territorios. Desde el Gobierno se subraya que la mención al carácter vehicular del castellano tampoco figuraba en las leyes de Educación anteriores a la LOMCE, por lo que se vuelve a la situación previa.
"Se está haciendo una montaña de un grano de arena, es una polémica artificial", declara a Sputnik Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato CCOO. "La LOMCE es la que introdujo el concepto del castellano como lengua vehicular, hasta entonces eso no existía, ni en la LOE, ni en leyes anteriores, tampoco está recogido en la Constitución española".
En cualquier caso, antiguos cargos y miembros históricos del PSOE han promovido una recogida de firmas en la plataforma change.org en defensa del castellano como lengua vehicular. Lanzada por Antonio Miguel Carmona y secundada entre otros por los expresidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, la iniciativa cuenta también con el apoyo del exsecretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez, y exministros como César Antonio Molina o el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.
Muy de acuerdo con el Proyecto de Ley de Educación de Celáa (PSOE), aprobado en el Consejo de Ministros, firmado por el presidente del Gobierno (PSOE), donde dice que “el castellano es la lengua vehicular en España“. Nada de acuerdo con la enmienda de ERC que suprime esa parte.
— AntonioMiguelCarmona (@AntonioMiguelC) November 11, 2020
Pero oposición y asociaciones sí
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, escribió en Twitter que la decisión del Gobierno y sus socios "quita a muchos el derecho a conocer el castellano y a hablarlo". El PP también anuncia que recurrirá a las instancias europeas.
👉🏼 El castellano no puede dejar de ser la lengua vehicular en España.
— Partido Popular (@populares) November 6, 2020
👉🏼 Los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Frente al ataque a la democracia que supone la Ley Celaá, recurriremos al Tribunal Constitucional y a Europa si es necesario. pic.twitter.com/PsVC5XtisW
Y desde distintas asociaciones se critica igualmente la enmienda a la ley. "Si retiras el carácter vehicular y oficial del castellano en todo el país, se transmite un mensaje: que los alumnos no tienen el derecho a estudiar en castellano en su propio país", explica a Sputnik Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB).
"Un niño cuyos padres se mudaran a Cataluña por motivos laborales no recibirá ninguna asignatura en castellano. Sólo Lengua Española, y encima con menos horas lectivas que Inglés. Entonces, cuando el Gobierno dice que se garantiza el conocimiento del castellano, es como si dijera que se garantiza el conocimiento del inglés".
"Pero si hay un problema anterior, no es cuestión de la enmienda, porque si lo que se pone en cuestión es el modelo de inmersión lingüística, eso es otro debate", puntualiza Francisco García, que añade que tal modelo "cuenta con el ordenamiento jurídico a favor y está amparado por la Constitución".
"La enseñanza del castellano está garantizada en la Constitución y en todas las leyes educativas, incluida la LOMLOE. No hay ningún riesgo, como tampoco lo hubo antes de la LOMCE".
Desde CCOO recuerdan que el nivel de competencia curricular en castellano de los alumnos catalanes está una décima por encima de la media nacional. "Es decir, esos alumnos, que son un ejemplo claro de inmersión lingüística, dominan el castellano como el resto o incluso un poquito mejor", zanja García.
Asombrado me hallo con la denuncia por parte del @populares de la eliminación del castellano como lengua vehicular en la llamada #LeyCelaa
— Jorge Javier (el auténtico) (@OsoChispero) November 11, 2020
El proyecto educativo estrella del @ppmadrid es el bilingüismo, que incluye más horas lectivas en inglés que en castellano
"Nosotros nos implicaremos en las acciones que consigan revertir la situación, y esperamos que el Defensor del Pueblo actúe en consecuencia y denuncie la Ley ante el Tribunal Constitucional", señalan en la AEB, donde también advierten de "la presión" de organizaciones como Plataforma per la Llengua, la ANC o Unió Cultural. "Rompen la convivencia, hay campañas de acoso y derribo contra comercios que no hablan en catalán", denuncia Ana Losada.
"El castellano es vehicular porque es oficial en España, así lo resolvió la sentencia del Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatut de 31/2010, donde se decía claramente que aunque el catalán sea el centro de gravedad en la escena catalana, en ningún caso el castellano debe dejar de ser lengua vehicular", concluye.
