"Para poder ejercer autoridad se necesitan dos principios básicos: legalidad y legitimidad. La legalidad está en tela de juicio porque el Tribunal Constitucional no se manifestó (sobre la causal de destitución). Y la legitimidad, ¿quién la da? La legitimidad la da el pueblo. Entonces una autoridad que no tiene legalidad definida ni legitimidad de respaldo, genera preocupación", dijo el ahora exmandatario en una rueda de prensa desde Lima.
El 9 de noviembre, el Congreso destituyó a Vizcarra por la causal constitucional de "incapacidad moral permanente" al haber estado involucrado, presuntamente, en delitos de corrupción dentro del caso Lava Jato.
Este fue el segundo pedido de destitución que afrontaba el ahora expresidente, el primero ocurrió en septiembre cuando el parlamento lo acusó también de "incapacidad moral permanente".
En ese entonces, el Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para que determine los alcances de dicha causal, pero la corte aún no se ha pronunciado al respecto.
En la rueda de prensa del 10 de noviembre, Vizcarra expresó su voluntad de cooperar con las investigaciones que le sigue la Fiscalía por los presuntos delitos que habría cometido.
Según testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces ante los fiscales, Vizcarra habría recibido cerca de 657.000 dólares de parte de dos constructoras vinculadas al caso Lava Jato; pagos que serían sobornos para ganar las concesiones de obras públicas cuando el expresidente ejercía como gobernador del departamento de Moquegua (sur), entre 2011 y 21014.
