"Evitar la concentración del poder y garantizar los derechos fundamentales de las personas no solo es tarea del Poder Ejecutivo sino también del Congreso. Por ello, nuestra institución exhorta al parlamento a evitar la aprobación de leyes sin el cumplimiento riguroso del procedimiento legislativo, lo cual supone contar previamente con los dictámenes de comisiones, atender criterios técnicos y respetar el principio deliberativo, promoviendo la máxima participación de todos los actores implicados", indicó el organismo en un comunicado.
El 9 de noviembre, el parlamento destituyó a Vizcarra por presuntos actos de corrupción, asumiendo la presidencia de la República el extitular del Congreso, Manuel Merino.
10 de noviembre 2020, 16:35 GMT
Este escenario ha permitido que tanto las facultades del Ejecutivo como las del Legislativo queden en manos del Congreso.
La Defensoría ha advertido que el sistema democrático peruano "se basa en dos principios esenciales: la división y control del poder, y la garantía y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas", por lo que llama a que los poderes del Estado "estén en armonía con estos principios", aún cuando los ejerzan en la práctica las mismas personas.
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Por otro lado, exhorta al nuevo presidente a "designar un gabinete [ministerial] independiente, técnico con experiencia y con capacidad política para conducirse y relacionarse de manera autónoma con el Legislativo".
El mandato del nuevo jefe de Estado, Manuel Merino, deberá culminar en julio de 2021, cuando asuma un nuevo presidente elegido en los comicios generales a celebrarse en abril del próximo año.
