Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza serán juzgados por la Audiencia Nacional española como presuntos colaboradores de la célula que orquestó los ataques, compuesta por una decena de jóvenes que actuaron en nombre del ISIS (Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).
"Nosotros entendemos que sí [deberían ser juzgados por las víctimas], porque si eres miembro de una célula terrorista la responsabilidad es compartida. En el juicio se tendrá que aclarar cuál fue el papel de estos tres", explica en declaraciones a Sputnik Robert Manrique, asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT).
Poca esperanza para las víctimas
Está previsto que ante al tribunal presidido por el juez Félix Alfonso Guevara comparezcan más de dos centenares de testigos, en su mayoría agentes de la Policía de Cataluña, hasta el próximo 16 de diciembre.
La acusación mayoritaria es la representada por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, que defenderá a 73 víctimas de un total de 217 que fueron asistidas por la UAVAT en los últimos dos años.
Las tareas de búsqueda de la UAVAT permitieron encontrar a personas que habían resultado heridas durante los ataques pero no figuraban en las listas oficiales y a testigos que "lamentablemente desarrollaron secuelas psicológicas".
Solo una decena de las que se personaron en el caso a través de la Asociación 11M declararán en el juicio de Madrid.
A falta de un número cerrado de víctimas de los ataques, Manrique recuerda que los efectos de un episodio como el del doble atentado de 2017 van más allá de las heridas físicas.
"En una familia de tres personas donde hay oficialmente una víctima mortal, en realidad estamos hablando de tres víctimas", explica el asesor de UAVAT, también superviviente de un atentado de la organización terrorista ETA en un centro comercial de Barcelona en 1987.
Las víctimas y familiares representados por la Asociación 11M y otras acusaciones como la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reclaman que los supuestos terroristas sean procesados como responsables por los muertos y heridos.
En concreto, piden para ellos la máxima pena privativa que contempla el Código Penal de España, la prisión permanente revisable, una solicitud a la que se suma el Ayuntamiento de Cambrils.
Criterios dispares
Esta posición difiere del criterio de la Fiscalía, que pide hasta 41 años de cárcel para Chemlal y Oukabir, por los delitos de pertenencia a una organización terrorista y tenencia de explosivos, y un máximo de 8 para Ben Iazza, por colaboración con la célula.
En este punto de vista coinciden las acusaciones del Gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, que piden respectivamente penas máximas de 44 y 95 años de cárcel para los dos primeros y ocho para su supuesto colaborador.
Houli Chemlal fue el único superviviente de la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) donde los miembros de la célula prepararon durante meses una gran cantidad de artefactos explosivos.
"Cada gramo de este hierro se va a meter en las cabezas de vuestros hijos y vuestras mujeres", sostiene, en las imágenes reproducidas durante el juicio, uno de los terroristas abatidos.
La investigación también sitúa en el entorno del grupo a Oukabir, que prestó su identidad para alquilar la furgoneta que atropelló a decenas de personas en Barcelona, y Ben Iazza, que también les dio su documentación para conseguir un vehículo.
El principal objetivo de la defensa de las víctimas es demostrar a la Sala que no haber participado directamente en la matanza no exime a los tres acusados de la responsabilidad de las muertes, un importante reto teniendo en cuenta que el juez no comparte este criterio.
Cuestiones aún por resolver
Además de aclarar cuál fue el papel de los tres acusados en los hechos de 2017, el juicio deberá ahondar en una serie de incógnitas que tres años después todavía ensombrecen la investigación.
Una de ellas es la presunta conexión del considerado cerebro de la célula, el imán Abdelbaki Es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.
Es Satty era el líder religioso de la ciudad donde vivían los jóvenes yihadistas, Ripoll (Girona), y había sido fichado por la inteligencia española durante su paso por prisión por tráfico de drogas, unos años antes.
Otra de las cuestiones sobre la cual las acusaciones particulares buscan respuesta es cómo pasó desapercibida por parte de los cuerpos policiales del Estado la extrema radicalización de una decena de jóvenes.
Tampoco se detectó la masiva compra de material para fabricar bombas que efectuaron en las semanas previas a los atentados.
Cuevillas defendió en su comparecencia televisiva que el Estado español podría tener responsabilidad en los hechos ya que "está obligado por un reglamento europeo a controlar la venta de precursores de explosivos".
Aprender de los errores
"En las últimas semanas ha habido atentados en Francia y en Austria, es algo que se podría repetir algún día y tengo la sensación que tres años después estamos igual, o peor todavía", afirmó en una entrevista en TV3 Javier Martínez, que perdió a su hijo de tres años, Xavi, en el atropello de Barcelona.
"La gran mayoría de víctimas, por no decir todas, me dicen que el juicio debe servir para saber lo que falló, cómo se permitió que pasaran estos atentados, y evitar que se repitan los errores y algo como esto vuelva a pasar", concluye Manrique.
