Según recoge el diario La Vanguardia, presente en ese encuentro, la investigación se puso en marcha "tras la recepción hace unos días de un nuevo informe de inteligencia por parte del servicio de prevención de blanqueo de capitales".
Este nuevo frente judicial sale a la luz apenas un día después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción investiga al rey emérito por la posible ocultación de presuntas donaciones de más de 275.000 euros procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018.
Presuntamente, ese dinero habría servido para nutrir tarjetas de crédito que Juan Carlos I y otros miembros de la Casa Real utilizaron de forma opaca al fisco en esos años.
De acuerdo con información adelantada por la prensa local en los últimos días, la Fiscalía se inclina por pedir el archivo de la causa saudí al tratarse de presuntos delitos previos a su abdicación, cuando Juan Carlos I todavía gozaba de inviolabilidad constitucional.
Sin embargo, las otras dos líneas de investigación reveladas en los últimos días se refieren a hechos posteriores a la abdicación del monarca en 2014, lo que a priori les otorga un mayor recorrido judicial.
