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La Fiscalía de Bolivia impide salir del país a 2 ministros de Áñez procesados

© AP Photo / Juan KaritaLos titulares de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, con la presidenta transitoria Jeanine Áñez (archivo)
Los titulares de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, con la presidenta transitoria Jeanine Áñez (archivo) - Sputnik Mundo
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LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía de Bolivia confirmó que dos ministros del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez procesados están impedidos de salir del país, mientras varios colaboradores del expresidente Evo Morales (2006-2019) recuperaban su libertad, incluso exministros refugiados en la Embajada mexicana por casi un año.
"Es correcto, se ha emitido la alerta migratoria para que los dos ministros procesados por el caso de compra de agentes químicos antidisturbios permanezcan en el territorio nacional a disposición de los investigadores", dijo a reporteros el fiscal de La Paz, Fernando Atanacio.

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La medida cautelar contra los ministros fue revelada dos días antes de que Áñez concluya su gestión transitoria y dé paso al nuevo Gobierno de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), ganador de las elecciones del mes pasado.

Los ministros procesados a partir de una investigación del Parlamento son los dos hombres fuertes de la transición y titulares de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, quienes no acompañaron el 5 de noviembre a Áñez en su mensaje de despedida, cuando el gabinete se tomó una última foto oficial.

"Cacería"

"Comenzó la cacería, (pero) yo no voy a ser trofeo de narcotraficantes, ni pedófilos, ni delincuentes vendidos a las mafias narcotraficantes, pueden estar seguros de eso", denunció Murillo en su primera reacción tras el arraigo publicada por el diario local El Deber.

En posteriores mensajes por Twitter afirmó que era víctima de "la justicia del MAS, (que) libera a pedófilos, narcotraficantes y persigue a ministros que salvaron vidas".

Murillo, quien hace un año, en los primeros días del Gobierno transitorio, asumió el cargo ministerial prometiendo hacer una "cacería" de los líderes del MAS, incluido Morales, añadió en la red social que tenía "la satisfacción del deber cumplido".

Los dos ministros están procesados por corrupción en una compra de materiales antidisturbios para la Policía, efectuada a fines de 2019, en la que se habrían registrado sobreprecios y tráfico de influencias, según la investigación parlamentaria que concluyó con una censura a ambas autoridades.

Ministros libres

El arraigo de los ministros salientes fue anunciado coincidentemente con la confirmación de que al menos dos de los exministros de Morales refugiados en la Embajada mexicana desde 2019, tras la renuncia del exmandatario y su exilio, salieron en libertad, tras decisiones judiciales que anularon las órdenes de arresto que pendían sobre ellos.

Los exministros de Justicia, Héctor Arce, y de Defensa, Javier Zabaleta, dijeron por separado que habían abandonado la residencia diplomática entre el martes 3 y jueves 5 de noviembre, tras permanecer allí casi 12 meses en espera de salvoconductos hacia el exilio que el Gobierno transitorio se negó a darles.

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No estaba confirmado el paradero de otro refugiado en la Embajada mexicana, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien también fue favorecido en días recientes con un fallo judicial que dispuso su libertad.

Estos tres exministros y los extitulares de Culturas, Wilma Alanoca, y de Gobierno, Hugo Móldiz, además de otras exautoridades, buscaron refugio en esa Embajada tras ser acusados por Áñez de sedición, terrorismo y otros delitos por su oposición al derrocamiento de Morales y la instalación del régimen transitorio.

En una cascada de fallos favorables al MAS, la justicia ha anulado en las dos últimas semanas varios procesos impulsados por el Gobierno de Áñez contra Morales, exautoridades y dirigentes sindicales, que estaban encarcelados, en arresto domiciliario o en libertad condicional.

Los argumentos más frecuentes de los jueces para liberar a los acusados por el Gobierno de Áñez eran falta de pruebas o errores de procedimiento.

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