Las representaciones de ambos organismos "reconocen a quienes impulsaron la ratificación y alientan a la implementación a la mayor brevedad posible de las previsiones contenidas en el acuerdo sobre la participación social en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales", indica un comunicado conjunto.
La aprobación unánime de la Cámara Alta mexicana "recoge los llamados y acciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, organismos públicos de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas que se pronunciaron al respecto", celebra el texto.
La aprobación legislativa es de suma trascendencia para México dado que "aborda la generación de un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales", señaló en el comunicado la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
Por su parte, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, en su visita a México en 2017, destacó que "los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponen a proyectos a gran escala se enfrentan a actos de violencia, y que a menudo, esa violencia queda impune".
En este sentido, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de ACNUDH en México, consideró que la aprobación e inminente ratificación del acuerdo "son una expresión concreta del compromiso del país con la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos y del ambiente que, junto con los y las periodistas, afrontan altos niveles de violencia".
La ratificación de México "alentará a otros países a seguir la misma ruta para que la protección sea una realidad regional con la entrada en vigor de este histórico acuerdo internacional", puntualizan en posicionamiento conjunto.
