"El presidente criticó a las empresas de 'outsourcing', a las que calificó de 'coyotes' y traficantes de influencias, pero su Gobierno ha asignado contratos por al menos 5.000 millones de pesos (unos 240 millones de dólares) a una docena de compañías dedicadas a ese esquema de subcontratación", revela la investigación.
Las pesquisas dirigidas por Raúl Olmos, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2009, quien localizó más de 50 contratos que entre 2019 y 2020 ha asignado el Gobierno federal a empresas de subcontratación.
El hallazgo indica que esos contratos se han dado en casi todas las áreas del Gobierno de López Obrador: en las carteras federales de Bienestar, de Economía, de Relaciones Exteriores, de la Marina, Defensa, Cultura y Educación, así como en el Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Banco de Obras, el Instituto Nacional para Educación de Adultos y en centros de investigación.
Sin embargo, hasta comienzos de octubre de 2020 esos contratos en vez de reducirse crecieron y sumaron otros 2.000 millones de pesos (casi 100 millones de dólares) en asignaciones contractuales a empresas de outsourcing.
López Obrador quiere hacer desaparecer el esquema de subcontratación de la legislación porque elude el pago de derechos laborales, prestaciones de seguridad social y retiro de los trabajadores.
Banco de bienestar
El presidente afirmó que las empresas que abusan del esquema de contratación, "ganan muchísimo dinero y fueron creando estos grupos de intermediarios" porque se benefician con el trabajo de empleados sin pagar derechos laborales.
El año pasado, el Banco de Bienestar pagó 408 millones de pesos a cuatro empresas subcontratistas, y en lo que va de 2020 el monto se elevó a 463 millones (unos 22 millones de dólares).
En los contratos revisados por MCCI, el Gobierno federal defendió el esquema de outsourcing, en contradicción con la postura presentada por el presidente en su cotidiana conferencia de prensa matutina.
En el convenio asignado por el Banco de Bienestar a la empresa KOM Business, los firmantes esgrimen que "se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing".
Después del Banco de Bienestar, la segunda dependencia federal que más recurre al outsourcing es la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, que tan sólo en un contrato con vigencia de agosto de 2019 a diciembre de 2020 pagará 670 millones de pesos (casi 32 millones de dólares) para la subcontratación de casi un millar de empleados en todo el país para atender el financiamiento agrícola.
Los servicios de educación en línea y la administración de becas también fueron delegados a empresas subcontratistas que no pagan los derechos de seguridad social y retiro a sus empleados.
El presidente afirmó que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso para eliminar la figura de la subcontratación de las empresas, pero no mencionó que su administración la utiliza.
