"El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, solo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia", escribió en su cuenta de Twitter la gobernante que entregará dentro de diez días el mando del país a ese partido.
En tono menos agresivo que el de sus frecuentes referencias al MAS, Áñez pareció resignarse al eventual proceso, que todavía debe ser respaldado por la Fiscalía General y aprobado de vuelta por el Parlamento antes de llegar a juicio en el Tribunal Supremo de Justicia.
"Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos, controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy y doy la cara", afirmó.
La presidenta transitoria podría salir sin inconvenientes de Bolivia mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre un recurso interpuesto por ella misma contra una ley que obligaría a autoridades y funcionarios a permanecer en Bolivia por lo menos hasta tres meses después de terminar sus labores.
La resolución parlamentaria señaló presuntas violaciones constitucionales en un decreto de Áñez que liberó a los militares de responsabilidades penales en actos de represión y en la posterior muerte de al menos 26 manifestantes que en noviembre de 2019 pedían la salida de la gobernante de facto y el retorno del Gobierno de Evo Morales.
Fue la última decisión aprobada por el Parlamento antes de concluir su mandato de cinco años más uno de transición, para dar paso a una nueva Asamblea surgida de las elecciones generales del 18 de octubre pasado, ganadas por el MAS y su candidato presidencial Luis Arce, que asumirá el 8 de noviembre.
El informe que dio lugar a la recomendación de juicio contra la gobernante y sus colaboradores estableció que los manifestantes murieron por disparos de armas de fuego de uso militar y policial, en algunos casos activadas por francotiradores y desde helicópteros.
Esta aseveración de los legisladores, que citaron diversos informes técnicos oficiales y numerosos testimonios de víctimas, testigos y expertos, contradecía a la versión oficial de que los decesos habrían sido causados por disparos de los mismos civiles movilizados.
