"La CNH resolvió dar inicio e instruir la tramitación el procedimiento de terminación anticipada por renuncia parcial de Repsol Exploración México, respecto del Contrato R03-L01-G-BG-05/2018", dice el texto del organismo regulador del Estado mexicano.
De esta forma, comenzó la instrucción para proceder a la "terminación anticipada por renuncia a una parte del área contractual, respecto del mencionado contrato", firmado tras un concurso de licitación abierta que ganó y firmó la petrolera española con la CNH, representante de México.
Repsol renuncia así a una superficie aproximada de 403,48 km2, equivalente al 49,6% de la superficie del área contractual con posibles yacimientos fósiles bajo el lecho marino, en aguas territoriales mexicanas, que actualmente es de 813,78 km2, localizados en aguas someras frente a las costas del estado de Tamaulipas (noroeste), 150 km al norte del puerto de Tampico.
Marco contractual
Conforme al marco contractual, la renuncia de un contratista "no afecta las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo o el pago de penas convencionales [si es el caso], la devolución del área correspondiente", entre otros compromisos.
Mediante esta resolución el organismo responsable de las licitaciones y contrataciones instruye que "la renuncia no afecta la realización de actividades petroleras conforme a los planes y programas autorizados".
También, que se valide "la actualización del inventario de activos, el informe de pozos y materiales", entre otra información, para que la CNH se pronuncie acerca de las condiciones de entrega tras la renuncia.
Esa comisión autónoma del Estado mexicano deberá validar la información presentada por Repsol: inventario de activos "pozos y materiales, estado que guardan los yacimientos, la producción y la infraestructura asociada a esta", la gestión social y la actualización de la línea de base ambiental contratada.
"Históricamente son pocas solicitudes [de renuncia], pero en este año (2020) tenemos registradas tres solicitudes, que están en su tramitación y esta es la primera que estamos desahogando en su inicio", dijo en el marco del proceso Daniel Pedraza, director jurídico de Asignaciones y Contrataciones.
El 26 de octubre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó que defenderá los negocios que beneficien a las dos compañías estatales del sector energético, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no a los negocios privados de trasnacionales.
Una reforma energética constitucional puso fin en diciembre de 2013 a ocho décadas de monopolio estatal, que comenzaron con la nacionalización de la industria petrolera en 1938.
El cambio a la Constitución, hace casi siete años, puso a competir a Pemex y la CFE con grandes jugadores globales, que de 2015 a 2017 compitieron en licitaciones públicas para invertir en el sector.
López Obrador afirma que la reforma fue "un rotundo fracaso", que las inversiones de largo plazo no han llegado, ni se ha elevado la producción rápidamente.
En fechas recientes, el mandatario anunció que, si el marco legal actual no le permite fortalecer a las dos firmas estatales, emprenderá una contrarreforma después de los comicios legislativos de 2021.