"El Comandante de Policía Ecuador admite que usaron bombas lacrimógenas caducadas, pero que su utilización no está prohibida. Señala que el informe técnico determinó que los efectos del material CS como medio disuasivo pierden progresivamente su efectividad por la caducidad", dijo la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) en su cuenta de Twitter.
El Comandante de @PoliciaEcuador admite que usaron bombas lacrimógenas caducadas, pero que su utilización no está prohibida. Señala que el informe técnico determinó que los efectos del material CS como medio disuasivo pierden progresivamente su efectividad por la caducidad. pic.twitter.com/DOU7WkxO7G
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 28, 2020
El jefe policial compareció ante la Comisión de Fiscalización del parlamento dentro del proceso de juicio político entablado contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por las acciones adoptadas durante las protestas sociales del año anterior.
Carrillo dijo que la Policía usó las bombas caducadas para repeler las protestas porque se usaron 38.500 unidades de gas lacrimógeno durante las movilizaciones y no había más, por lo que los uniformados se vieron obligados a su utilización, tomando en cuenta, además, que no había una prohibición al respecto.
El comandante defendió la labor policial durante las manifestaciones, asegurando que el uso de la fuerza siempre fue progresivo y que no se utilizó armamento letal.
También defendió la actuación de la Policía en los alrededores de las universidades Católica y Salesiana, en el centro-norte de Quito, que funcionaron como centros de ayuda humanitaria para los indígenas que participaron en las manifestaciones, especialmente para mujeres y niños.
Durante los operativos policiales para controlar las protestas de octubre del año pasado, las bombas lacrimógenas ingresaron a las dos universidades.
La Comisión de Fiscalización fijó para el próximo 31 de octubre la comparecencia de Romo para que presente las pruebas de descargo dentro del juicio.
Según el cronograma aprobado por la mesa de fiscalización, el informe en el que recomendarán —al Pleno de la Asamblea Nacional— el enjuiciamiento o el archivo del proceso estará listo hasta el próximo 5 de noviembre.
Según la ley de la Función Legislativa, para destituir a un ministro se requiere un mínimo de 70 votos del total de 137 asambleístas que integran la Asamblea de Ecuador.