Esta reivindicación comenzó hace casi 15 años, y recién la Asamblea Legislativa aprobó la realización de una reforma constitucional para reconocer al agua como bien público, y protegerlo así de una eventual privatización.
La medida llegó días después de que el presidente Nayib Bukele creara el cargo de Comisionado Presidencial del Agua para Frederick Benítez, extitular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), a quien encomendó una normativa centrada en este recurso.
Aquella iniciativa chocó con los planes de una oligarquía representada en el Parlamento por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que en la pasada legislatura impulsó una Ley Integral de Aguas, que indirectamente privatizaba el agua.
La polémica propuesta establecía que el agua corriente fuera administrada por una junta integrada por tres representantes del sector público y cuatro de la empresa privada, que a la larga tendría mayoría en toda decisión.
Esa fue la manzana de la discordia que frustró una y otra vez la promulgación de una Ley General de Aguas, que en teoría parece más cercana con el reciente visto bueno a la reforma constitucional.
Dejar las cosas en claro
Si la legislatura 2021-2024 ratifica la reforma, la Carta Magna dejaría en claro que "toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos".
Sin embargo, persiste cierta preocupación porque Arena logró quitarle la coletilla "sin fines de lucro" al reconocimiento del agua como un derecho humano, un requisito tradicionalmente defendido por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Desde la derecha parlamentaria cuestionan la necesidad de precisar el tema del lucro en el texto, pues la mera declaración del agua como bien público implicaba su gratuidad y la propiedad y soberanía del Estado sobre el recurso.
La izquierda presionó hasta donde pudo para impedir cualquier posible interpretación de que el agua podía ser privatizada, pero al final se conformó con haber salido del "impasse" legislativo.
Estrés hídrico
Andrés McKinley, especialista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), defiende la necesidad de una Ley de Aguas porque, justamente, la falta de una legislación propició la crisis hídrica que vive esta nación centroamericana.
Factores como el cambio climático, la sobreexplotación y la mala gestión del agua, provocaron que los acuíferos más estratégicos del país bajen de medio metro a un metro cada año, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
A su vez, más de 90% de las aguas superficiales están contaminadas, sobre todo por el uso de químicos en la agricultora, y el MARN estimó que para 2022, el 80% de El Salvador padecerá un estrés hídrico que impedirá satisfacer la demanda.
Más hechos, menos palabras
De momento, la administración Bukele reconoce la urgencia de una normativa que regule el agua, aunque la situación exige más hechos y menos palabras.
"El Salvador necesita una ley integral del recurso hídrico, es una deuda de 14 años", afirmó Rubén Alemán, flamante titular de ANDA, en una entrevista radial en la que reivindicó al agua como un bien público, cuya administración corresponda totalmente al Estado.
También debe velar por la protección y rescate de todos los cuerpos de agua en el país, como cuencas, mantos acuíferos, lagos, ríos y el océano, lo cual en teoría suena hermoso, pero aterrizarlo será el gran desafío de un Ejecutivo que no le hace ascos a las propuestas neoliberales.
