El tiempo típicamente otoñal y las restricciones del estado de alarma no impidieron que un grupo de manifestnates se reuniese con el objetivo de clamar por la defensa de los servicios públicos de Madrid.
Los manifestantes reclaman que se deje atrás la batalla política entre las instituciones y que se centren "en ofrecer soluciones reales y cabales a los problemas de los barrios y clases populares". Piden que se establezcan medidas para garantizar la seguridad en el transporte público, principalmente metro y autobús. Además, exigen que se potencie la Atención Primaria, se establezca una red eficaz de rastreadores, se recuperen las camas hospitalarias y personal despedido en los últimos años y no se continúe por la senda de la privatización. Por otro lado, preguntan dónde están los 11.000 profesores que prometió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y si hay alguna propuesta para acabar con la precarización de los trabajadores.
"Una buena parte de nuestras horas de trabajo va a financiar el entramado institucional: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado central. No tenemos problema alguno en ello porque sin impuestos no puede haber servicios públicos. Lo que denunciamos y rechazamos frontalmente es que esos recursos públicos, que proceden de nuestro esfuerzo, se dilapiden y se utilicen fraudulentamente, como ocurre con harta frecuencia", explican los organizadores.