Ya casi se cumple un año de la exhumación de Francisco Franco. El 24 de octubre de 2019, los restos del dictador salían del Valle de los Caídos para ser trasladados en helicóptero al cementerio de Mingorrubio, lugar donde reposan actualmente. Una imagen grabada con fuego en la memoria colectiva española y que daba carpetazo a meses de lucha en los tribunales.
12 meses después, el secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha revelado que la Ley de Memoria Democrática será aprobada en el primer semestre de 2021. Durante su visita a la fosa común de la Gravera del Barbado, situada en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, ha declarado que el anteproyecto de ley se encuentra en proceso de informes y estudio para pasar al correspondiente trámite parlamentario.
"Se trata de una ley urgente y necesaria. Supone un un deber ineludible y moral de la vida política y una señal de fortalecimiento de la democracia y de protegernos de los errores del pasado para no volver a cometerlos", comenta Martínez.
Una propuesta que tiene el objetivo avanzar de proteger los derechos de las víctimas del franquismo, aunque dicha ley no solo se va a centrar el periodo de la República, Guerra Civil y dictadura. Según el secretario de Estado de Memoria Histórica, esta va a "abarcar más, para llegar a los procesos de construcción de la democracia, de los valores individuales y colectivos, para crear unas bases firmes para la convivencia".
Sin embargo, esta no se libra de las críticas. Vox no dudó en atacar la ley en el estrado del Congreso de los Diputados. El diputado de la formación de ultraderecha Juanjo Aizcorbe expuso que era una ley enviada desde el Parlament de Catalunya para resarcir a los particulares a los que el régimen franquista incautó papel moneda. También en el hemiciclo, María Jesús Moro (PP) acusó a PSOE y Unidas Podemos de hacer "esfuerzos para mirar el pasado en lugar de atender los problemas del presente". Por otro lado, EH-Bildu la considera insuficiente, mientras que PNV, JxCat, ERC y Ciudadanos han comunicado que votarán a favor de su aprobación.
En un país democrático, la amenaza es inadmisible. Sigamos construyendo una España digna de quienes lucharon para que hoy seamos lo que somos: libres.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 10, 2020
No permitamos que el odio impregne nuestra sociedad.
Frente a los que quieren dividir, unidad. Frente al fascismo, Democracia. pic.twitter.com/EiQ0EPnaR7
¿En qué consiste la Ley de Memoria Democrática?
El martes 15 de septiembre, el Consejo de Ministro aprobó el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. Contiene cinco títulos y 66 artículos y viene a sustituir a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero del 2007. Tendrá que pasar por el análisis del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial antes de volver al Consejo de Ministros. De este, saltará a su debate en el Congreso de los Diputados en febrero de 2021, siempre que se cumplan los plazos previstos por el Gobierno.
"Es una ley para encontrarnos todos, una ley, para producir sobre la verdad y la justicia, la paz de la que disponemos hace mucho tiempo y la que necesitan las víctimas", comentó la vicepresidenta Carmen Calvo. Una propuesta que se basa en 11 puntos principales:
- Régimen sancionador por el incumplimiento de la norma. A diferencia de la de 2007, la nueva ley incluye multas que van desde los 200 euros hasta los 150.000 euros por no acatarla. Las más graves, de 10.000 a 150.000 euros, corresponderán a acciones como el traslado de víctimas de la Guerra Civil, la destrucción de fosas comunes y lugares dedicados a la memoria histórica o la convocatoria de actos de exaltación del franquismo. Las infracciones graves acarrearán multas de 2.000 a 10.000 euros y las leves, castigos de 200 a 2.000 euros.
- Ilegalización de asociaciones que hagan apología del franquismo o inciten el odio contra las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura. Punto que afectaría directamente a la Fundación Francisco Franco, que irá a los tribunales para impedir su extinción.
- Nulidad de los juicios franquistas y las condenas dictadas por los órganos de la dictadura. Por ejemplo, el ejercido contra el presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys.
- La exhumación de las fosas comunes pasa a ser responsabilidad del Estado, quien será que luche por la búsqueda de las víctimas y la apertura de las fosas comunes, anteriormente en manos de las familias. Además, el Gobierno impulsará un mapa de fosas, un protocolo de exhumación y un régimen de autorizaciones. Por otro lado, crea un banco nacional de ADN de las víctimas de la Guerra Civil para facilitar la identificación y un censo oficial de los fallecidos.
- Creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo. Esta se encargará de investigar los hechos acaecidos durante la dictadura y la Guerra Civil que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Ante este se podrán interponer denuncias y tendrá los recursos necesarios para iniciar la búsqueda de las víctimas.
- Revocación de elementos públicos, títulos o condecoraciones que vayan en contra de la memoria democrática. Por ejemplo, desaparecerán las medallas recibidas por Billy el Niño o el ducado de Franco. Además, se dotará a las instituciones de herramientas para la retirada de símbolos franquistas.
- Resignificación con finalidad pedagógica del Valle de los Caídos. La antigua tumba de Franco se convertirá en un cementerio civil para los muertos de la Guerra Civil. Se reubicará a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, lejos del altar mayor, donde lo colocó el dictador, y la comunidad benedictina que vive a los pies del lugar tendrá que abandonarlo.
- Labor pedagógica. Se actualizarán los contenidos curriculares de la ESO y Bachillerato y se fomentará la investigación y divulgación en este ámbito. El objetivo es que la población conozca la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades públicas.
- Se declaran dos fechas de tributo. El 31 de octubre, por ser el día en el que las Cortes aprobaron la Constitución de 1978, y el 8 de mayo, como día de recuerdo y tributo a las víctimas del exilio.
- Tributo a mujeres, gitanos, exiliados y comunidad LGTBI por la lucha contra el franquismo. Además, los nacidos de padres y madres españoles huidos tras la Guerra Civil por motivos políticos tendrán una regla especial para adquirir la nacionalidad española.
- Promoción de un inventario de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura. También se buscará la reparación o reconocimiento de las personas que realizaron trabajos forzados.
Una norma que llega casi un año después de que Francisco Franco abandonara el Valle de los Caídos. El tiempo vuela.
