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Plebiscito en Chile: "No podemos seguir con este cordón umbilical que nos amarra a la dictadura"

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A un año del estallido social que sacudió a Chile y se extendió hasta el inicio de la pandemia, este domingo 25 de octubre casi 15 millones de personas están habilitadas para votar si es necesario reformar la Constitución, redactada por la dictadura que gobernó a sangre y fuego el país entre 1973 y 1990.

El plebiscito es considerado como un triunfo de la movilización social y en principio se iba a realizar en abril de este año, pero la crisis sanitaria determinó su postergación. Se da por descontado que se impondrá por amplio margen la consigna "Yo apruebo" la reforma, pero no así mediante qué mecanismo: si a través de una Convención Constitucional Mixta o una Convención Constitucional.

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La primera implica elegir mediante voto popular a la mitad de los constituyentes y la otra mitad se reserva para legisladores actuales. La segunda apunta a que todos los constituyentes surjan del voto ciudadano en una instancia prevista, en ambos casos, para el 11 de abril de 2021.

"En 1999 decíamos que no solo hay que cambiarla sino que había que tirarla a la basura", dijo a Sputnik el diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch, en referencia a la campaña de aquel año que lo tuvo como candidato presidencial por el Partido Humanista.

"Para varios profesores de Derecho Constitucional eso era un sacrilegio, se escandalizaban. Y si hubiera habido inquisición, seguro me tiraban a la hoguera", ironizó. "Pero el tiempo fue confirmando que es fundamental darnos una Constitución democrática. No podemos seguir con este cordón umbilical que nos amarra a la dictadura por más de 30 años", agregó.

"Es un caso único en el mundo que terminada una dictadura, 30 años después, se sigue con su Constitución. Fue una genialidad monstruosa de Jaime Guzmán, de dejar a quienes queremos algo diferente a lo que fue la dictadura tenemos que regirnos por lo que ellos mismo diseñaron", apuntó.

Se refería al abogado y asesor constitucionalista del dictador Augusto Pinochet, considerado "el padre" de la Carta Magna vigente. En una conferencia que dio en 1990 —en plena transición hacia la democracia— dijo que las organizaciones sociales y partidos de izquierda no habían logrado vencer a la dictadura.

"Ellos trataron de derribar al Gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada, ni un día antes ni un día después. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos", se jactó Guzmán en aquel entonces.

Se vino el estallido

"Después de los estallidos de octubre de 2019 se produjo un fenómeno muy interesante que va más allá de la política, y que de algún modo es psicosocial: todas las demandas de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, de los trabajadores, de los estudiantes, mujeres, etcétera, convergieron en que necesitamos una nueva Constitución generada en democracia", destacó Hirsch.

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Aseguró que este es un proceso que se ha eternizado y que en el camino encontró muchos frenos. "Esto refleja un nuevo momento en el proceso político social chileno. Por eso hoy día se sabe ya, y es la percepción que hay, que va a haber un tremendo triunfo del apruebo por una nueva Constitución", afirmó.

En líneas generales, lo apoyan organizaciones sociales y partidos de izquierda que incluso se negaron a una reforma de fondo estando en el Gobierno. "Los partidos de la Concertación por la Democracia, es decir la centroizquierda, también se opuso durante muchos años a darnos una nueva Constitución", recordó.

Dijo en este sentido que "sin ir más lejos, Camilo Escalona, que fue presidente del Partido Socialista (PS) y senador, decía que los que queríamos una nueva Carta Magna estábamos fumando opio. Esa es la visión que se tenía desde el PS".

Lo que hay que cambiar

"Su contenido básico no garantiza derechos, es de la época de la guerra fría, de las dictaduras, de una América Latina distinta. El siglo XXI exige garantizar otros derechos, incluidos lo que llamamos segunda y tercera generación", apuntó el diputado por Acción Humanista.

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A la hora de mencionar aspectos a cambiar destacó problemas asociados a la distribución del poder. "Lo concentra en un presidencialismo extremo, tiene un Tribunal Constitucional que se convirtió en una tercera cámara legislativa, le quita capacidad de resolución a las regiones y lo concentra acá en Santiago", explicó.

También se refirió a que la Carta Magna actual "promueve un modelo económico que es el del Estado subsidiario, es decir la incapacidad del Estado para actuar en la economía en áreas que puedan ser de utilidad para la sociedad".

En este sentido destacó que "no garantiza derechos, que la salud y la educación están establecidas como negocio. No hay un sistema de seguridad social sino un negocio de las AFP para el sector privado. La gente capta que hay que avanzar sobre todo en garantizar derechos y creo que eso es un cambio muy estructural".

El poder y sus fuerzas

El entrevistado se refirió al blindaje constitucional que poseen las Fuerzas Armadas y la policía militarizada conocida como Carabineros, protagonista de la represión social en distintas etapas de los 30 años que el país lleva de democracia. Pero fue especialmente brutal a partir de la protesta social iniciada en octubre de 2019.

"Lamentablemente hay que decir que en Chile quedó claro que después del estallido del año pasado se siguen violando los derechos humanos sistemáticamente. Ha sido brutal: más de 400 personas con daño ocular, ciegos, muertes no aclaradas, torturas, vejacion y abusos sexuales por parte de carabineros", denunció.

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Hirsch presentó una denuncia penal el pasado 5 de octubre contra el funcionario de Carabineros que a principios de mes arrojó deliberadamente a un joven de 16 años desde el puente Pio Nono hacia el río Mapocho, dejándolo en estado de gravedad.

"La Constitución tal como venía desde la época de la dictadura les da impunidad total e inamovilidad a los comandantes en jefe", sostuvo el legislador. También se refirió a la existencia de "un Consejo de Seguridad Nacional como un supra poder por sobre el presidente de la República y varías otra prerrogativas".

"A tal punto es esto que nosotros como Diputados podemos acusar constitucionalmente al presidente, a ministros, pero no al director general de Carabineros. Es intocable", graficó.

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