Como parte de la acusación en contra del exfuncionario mexicano se establece que, en caso de ser declarado culpable de los cargos que el Departamento de Justicia presentó en su contra (tres por narcotráfico y uno por lavado de dinero), las propiedades derivadas de cualquiera de esos delitos o utilizadas para su comisión podrán ser decomisadas por las autoridades estadounidenses.
En la acusación por lavado de dinero se hace constar que el extitular de la Sedena realizó transferencias monetarias desde Estados Unidos a varios lugares y personas en México.
El Departamento de Justicia estadounidense también asevera que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el general Cienfuegos recibió sobornos del Cártel H2, vinculado con los hermanos Beltrán Leyva. Con ellos, habría conspirado para manufacturar, importar y distribuir drogas a la Unión Americana entre 2015 y 2017.
Según las declaraciones patrimoniales que el militar presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2013 era propietario de cuatro casas, tres de las cuales adquirió en pagos de contado y una a crédito. Asimismo, tenía dos vehículos, también pagados de contado, menaje de casa, una cuenta bancaria, e ingresos anuales netos por 2.286.095 pesos (176.500 dólares al cambio de ese año), según Declaranet.
Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). La investigación que habría llevado a las autoridades hasta el general en retiro llevó por nombre "Operación Padrino" y se desarrolló durante los últimos 10 años, de acuerdo con Proceso.
Según el periodista Ioan Grillo, la indagatoria contra Salvador Cienfuegos se vincula con el caso de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, así como con el caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
