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Parlamento de El Salvador reconoce por ley el derecho humano al agua

© Foto : Pixabay/AdinaVoicuAgua potable, imagen referencial
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SAN SALVADOR (Sputnik) — La Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua como bien público y protegerlo así de una eventual privatización, confirmó el legislativo en su cuenta de la red social Twitter.
"Con 77 votos en pantalla y uno a mano alzada, el pleno avala el dictamen N.° 54 favorable de la Comisión de Legislación de la Asamblea y con ello se emite acuerdo de reforma constitucional a los artículos 2 y 69, relativos al derecho humano al agua y su saneamiento", expresa el comunicado.

​Esta medida llega días después de que el presidente Nayib Bukele creara el cargo de Comisionado Presidencial del Agua para Frederick Benítez, extitular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, con la encomienda de que propusiera una normativa centrada en este recurso.

El dictamen recién aprobado establece que el agua sea un bien público a disposición de toda la población, lo cual impide un eventual intento de privatizar su gestión.

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“Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”, reza el artículo 2.

El artículo 69 estipula que el Estado tiene la obligación de crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos.

La ratificación de esta reforma quedará para la legislatura 2021 - 2024, para lo cual serán precisos al menos 56 de los 84 posibles votos. 

En la Asamblea, donde la derecha parlamentaria es mayoría, languidece desde hace años una propuesta de Ley General de Agua impulsada por movimientos sociales, actores académicos y de la sociedad civil, que también blindaba al agua como bien público.

Dicha normativa no tuvo avances y desde la legislatura anterior (2015 - 2018) fue impulsada una Ley Integral de Aguas, concebida para que la empresa privada fuera mayoría en una junta encargada de administrar el agua.

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