Integrantes de los pueblos tzotzil, tzeltal, lacandona, canek, nahua, maya, hñahñu, purépecha, na savi, tepecano, wixárica, zapoteca, yaqui, mixe y me´phaa en articulación con organizaciones civiles, conformaron en México la Alianza por la libre determinación y la autonomía (Aldea) para exigir el avance en los compromisos asumidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar el Gobierno nacional.
Buscan poner de manifiesto que la llamada Nación pluricultural prevista en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos "sigue siendo una quimera y que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales", explicaron sus representantes durante el lanzamiento.
Los integrantes de la nueva Aldea señalan que los pueblos originarios del actual territorio mexicano construyen su autonomía cotidianamente, gracias a mecanismos de autogobierno con la aplicación de sus propios sistemas normativos de "usos y costumbres" vinculados —sobre todo, aunque no exclusivamente— a la defensa de sus territorios y al respeto de su integridad.
"Día con día, atentan contra las estructuras tradicionales de toma de decisión, invaden los territorios con sus proyectos de muerte por medio de la violencia, la corrupción y las falsas consultas, dividen el tejido comunitario, atacan y criminalizan a las comunidades, sus organizaciones y a los defensores indígenas", señalaron desde Aldea.
Un asedio que se agravó durante la pandemia del coronavirus debido a la falta de atención en salud oportuna, que cobró vidas también al interior de las comunidades.
Las exigencias al Estado mexicano
La Aldea demanda que las reformas institucionales deben entablarse junto a las comunidades, tomando como base los acuerdos internacionales de derechos humanos y sobre todo, los Acuerdos de San Andrés Larraizar, firmados por el Gobierno mexicano con representantes de todos los pueblos originarios de México, tras el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994.
Sus puntos centrales son:
- La realización de una reforma constitucional que reconozca a los pueblos y comunidades originarias como sujetos de derecho público que garantice su derecho a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y a sus propias formas de desarrollo y aplicación de justicia.
- Derogar diversas formas de "despojo legal" de los territorios de los pueblos, referido a lo contenido en diversas leyes vinculadas a la generación de energía, a la minería y al acceso al agua potable. Exigen a su vez, la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica —fracking— para la extracción del gas de esquisto.
- Exigen la aprobación de leyes locales en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca —dónde se asienta buena parte de la población originaria de México— que se reformen también las leyes locales que garanticen el respeto de las formas de autogobierno y seguridad, como ocurre con las Coordinadora regional de autoridades comunitarias, de Guerrero.
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Piden también que las autoridades garanticen la seguridad de las comunidades para poder vivir en libertad y ejercer sus derechos, sin ser víctimas de agresiones ni criminalización por parte de los poderes públicos.
Explicaron que la conformación de esta alianza de comunidades y pueblos tiene como telón de fondo el "congelamiento" de los compromisos hechos por el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, "mientras los megaproyectos avanzan aún en tiempos de pandemia".
