En un comunicado, el Ministerio Público Federal informó que esta es la segunda fase de la Operación Sangría, que tiene como objetivo "profundizar en las investigaciones sobre una organización criminal instalada en el Gobierno de Amazonas con el objetivo de desviar recursos públicos destinados a atender las necesidades de la pandemia".
Según la investigación, el gobernador de Amazonas ejercía "dominio completo" en la compra de estos equipamientos y en general en todas las acciones del gobierno regional destinadas a la pandemia, donde se practicaban los actos ilícitos.
Por el momento, los investigadores ya llegaron a la conclusión de que la compra fraudulenta de 28 respiradores para pacientes de COVID-19 habría movido 2,9 millones de reales (casi 520.000 dólares), "con la participación directa de la cúpula del poder del estado".
Durante la pandemia del coronavirus, Brasil modificó las leyes para permitir hacer compras de equipamientos sanitarios con urgencia, sin necesidad de licitaciones o concursos públicos, lo que muchas autoridades aprovecharon para desviar dinero público.