La representación de Acnud y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos "han tomado nota con preocupación de la aprobación el día de hoy por parte de la Cámara de Diputados de la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas", dice un posicionamiento conjunto
El documento que también suscribe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que esa instancia que administraba fondos público "estaba destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor".
De acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak.
La Cámara Diputados de México culminó el jueves una maratónica y ríspida sesión de 19 horas para aprobar la eliminación de decenas de fideicomisos que reciben fondos públicos por unos 3.000 millones de dólares, que a partir de ahora serán repartidos en forma directa a los beneficiarios por el Gobierno federal, una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador respaldada por el oficialismo.
Desprotección de profesiones en riesgo
Durante 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la Unesco en ese periodo.
Por otra parte, el Acnudh documentó en 2019 un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año ha documentado el asesinato de siete personas defensoras de derechos humanos.
Los senadores podrían modificar el dictamen, aprobado al amanecer del jueves por los diputados, con un estudio de la situación "que se beneficiaría con la convocatoria de una participación amplia en el proceso de dictamen, hacia el objetivo compartido de valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos", prosigue el documento.
La Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia.
Por esa razón, las mencionadas instituciones "observan con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborde estos aspectos y elimine el Fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos".
La decisión de abolir el fideicomiso y el fondo de protección "tendrá un impacto negativo en la protección de la vida de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas", indicó la sección mexicana del organismo con sede en Londres.
México ha recibido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
En 2018, los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaron 21 recomendaciones a México relativas a ese mecanismo de protección, 17 de ellas relacionadas con la necesidad de dotarlo con los fondos adecuados para garantizar su eficacia.
El dictamen que pasará al Senado para culminar el proceso en el Poder Legislativo, demoró en la Cámara de Diputados tres días y la última sesión casi 19 horas de análisis, discusión y aprobación de unas 400 objeciones.
