En el seno de la UE parece instalarse la idea de que la puesta en marcha efectiva del plan de ayudas acordado a mediados de julio puede retrasarse. Y en una situación en que la pandemia y la crisis asociada no entienden de dilaciones, las consecuencias en la recuperación económica pueden ser graves.
En opinión de los expertos, los llamados países frugales podrían aprovechar esta coyuntura para hacer valer sus reticencias iniciales al acuerdo en un momento en que la crisis económica exige rapidez de acción. Esta posibilidad, explica a Sputnik el economista Daniel Albarracín, "en la práctica es una expresión de la concepción intergubernamental de la UE, y cómo se ha tratado de soslayar este principio con un acuerdo sumamente frágil".
Durante su participación en el Consejo Europeo Extraordinario del 1 y 2 de octubre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió la aprobación "cuanto antes" del plan Next Generation UE, para poder aplicarlo en 2021 "con todas las garantías".
Tenemos que trabajar para promover el acuerdo en todas las instituciones de la UE. El Fondo de Recuperación debe estar disponible en el inicio del próximo año. Además de un compromiso político, ha de ser una realidad. En la situación actual es vital dar certezas a la ciudadanía. pic.twitter.com/5y9S6snGuu
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 2, 2020
Una maquinaria lenta
"Olvidémonos de Hungría y Polonia", insiste el economista Fernando Luengo. "La UE tiene un procedimiento para la aprobación de los fondos muy complejo y tedioso". En declaraciones a Sputnik, este exprofesor universitario afirma que "España de ningún modo puede contar con los 140.000 millones en enero, porque ya estaba contemplado que eso no iba a ser así".
"Pero esto, que es solo una parte de la cuestión, no garantiza que los fondos lleguen a quien los necesita, no garantiza inversiones socialmente deseables. Porque el dinero puede llegar a empresas y grupos económicos que se mueven en esos espacios", advierte Luengo.
A juicio de este economista, autor del blog Otra economía, la lentitud del mecanismo comunitario contrasta con la respuesta rápida que exigía el hundimiento económico asociado a la pandemia, y esto es "una contradicción en sus propios términos en un momento en que la pandemia está fuera de control ahora mismo no solamente en España".
Más allá de los casos polaco y húngaro
Para el también exprofesor universitario Daniel Albarracín, es la propia naturaleza intergubernamental del acuerdo "la que puede hacer embarrancar su puesta en marcha en su apartado decisorio".
En su opinión, el hecho de que todos los Estados miembros tengan que ratificarlo y que cualquiera pueda vetar apartados de su aplicación, representa "un terreno abonado a su sabotaje permanente". "Hungría o Polonia querrán desmarcarse, invitando a que el acuerdo no les concierna, porque insisten en que su modelo autoritario no está en discusión", declara Albarracín, también sociólogo.
"Y Países Bajos emplea este argumento para que el acuerdo no se implemente, reuniendo así razones para que su agenda 'austeritaria' sea tomada en cuenta", añade.
Una iniciativa acorde
La política fiscal es un caballo de batalla permanente. Luengo argumenta que aunque en el marco del Consejo Europeo Extraordinario de julio la UE accedió a tomar medidas "inconcebibles hasta entonces" que rompían con su ortodoxia, sin embargo fueron "insuficientes".
"Por eso yo defiendo la progresividad en el sistema tributario y gravar a las grandes corporaciones", declara, aunque se lamenta de que el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin) y el impuesto digital (tasa Google) sigan siendo solo un deseo. Y aun con las nuevas vías de financiación, defiende, "va a haber recortes salariales", una idea muy instalada en el ideario de Bruselas y que él define como "confiscación salarial".
"La UNCTAD habla de que no se van a producir escenarios en forma de 'U' o 'V', sino de 'L'; largos periodos de bajo crecimiento y crecimiento discontinuo sin descartar una crisis. En ese periodo la austeridad salarial va a estar en el centro de la agenda, del mismo modo que lo estarán los ajustes presupuestarios", afirma Fernando Luengo.
Del oro llegado de América en los siglos XVI-XVIII, ¿de cuánto se benefició el pueblo?
— Chema Clavero (@jm_clavero) October 2, 2020
Del dinero llegado de Europa en los siglos XX-XXI, ¿cuánto fue para beneficio social?
De los 140.000 millones que llegarán, ¿cuántos serán para estado de bienestar?
Exigencias a cambio de las ayudas
Otro de los factores que pueden ralentizar la llegada de la ayuda a España es la propia aprobación unos presupuestos que confirmen los objetivos genéricos marcados por la Unión Europea.
Luengo señala que aunque en la actualidad el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento no es exigible para España, sin embargo "ya se habla de hacer ajustes presupuestarios una vez pasado el momento de excepcionalidad".
"Así que la cuestión de Hungría y Polonia", continúa, "puede operar como una especie de manto que la sesgue un poco. Porque cuando se discutió el fondo, se pasó de puntillas sobre la vulneración de derechos. Y aunque lo de Polonia es un escándalo ―no existe un poder judicial independiente―, si se habla de derechos, hay que meter en el debate el tema de la inmigración".
A los gobiernos populistas de Hungría y Polonia no les agradó mucho el reporte de la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea https://t.co/ONU9aVWAXJ
— Carlos Ramírez F. (@CarlosRamirezF) October 3, 2020
El destino de las ayudas
En palabras de Daniel Albarracín, el destino final del dinero englobado en el Fondo Next Generation ("que no es la solución expansiva que tanto critican") es una incógnita, "habida cuenta de que solo un porcentaje menor se destinará a un concepto específico, pues caben aspectos de contenido muy diferente: investigación, sanidad o políticas de transición ecológica.
"El 89% estará sujeto a propuestas de cada gobierno que deben ser admitidas por todo el resto de países y sobre lo que no hay ninguna pauta. Esta situación de previsible bloqueo en el mejor de los casos supondrá un aplazamiento, en otros una alteración de su orientación, en otros un recorte, y nada descarta que al final se disipe su aplicación".
Basándose en un estudio del think tank belga Bruegel, este economista ofrece un dato intrigante: la capacidad de España para captar fondos del presupuesto comunitario para financiar proyectos concretos es inferior al 40%. "Si ese dato es cierto, es un escándalo", advierte. "El presupuesto libera dinero si hay proyectos que lo respalden. Y España puede estar en la cola en cuanto a la creación de proyectos para recibir dinero".
España puede perder por falta de proyectos, 10.000 millones de fondos de la UE. Son recursos directos del programa para 2014-2020. Cifras muy bajas de ejecución se dan en los FEDER y FEADER (desarrollo rural). De ser cierto es preocupante. https://t.co/4xbb3NXMFQ
— Jaime Monserrat (@JaimeMonserrat4) October 6, 2020
