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Corte Suprema de Colombia aplaza decisión de competencia judicial en caso Uribe

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BOGOTÁ (Sputnik) — La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia decidió aplazar la discusión acerca de si hay o no conflicto de competencias por parte de la jueza que lleva el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, informó la prensa local.
"La reunión se dio en una sesión extraordinaria en la que no alcanzó a tomarse una decisión sobre el caso, por lo que (la Sala Plena) se volverá a reunir el lunes, a las 9 de la mañana (14.00 GMT)", publicó el diario El Tiempo.

Ni la CSJ ni las partes involucradas en el proceso se pronunciaron acerca del aplazamiento.

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Sin embargo, trascendió a la prensa que en la sesión del viernes los integrantes de la CSJ aceptaron el impedimento presentado por el magistrado de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández, quien no participará en la discusión del lunes.

"El magistrado argumentó que cuando el proceso se encontraba en la Sala Penal participó en la decisión que vinculó a Uribe a la investigación a través del llamado a indagatoria", señaló la emisora local RCN Radio.

La Sala Plena evaluará el lunes la ocurrencia y fecha de los hechos en los que se señala a Uribe para definir si el caso sigue en la Ley 600 del año 2000 o si pasa a la Ley 906 de 2004, como lo solicitó la Fiscalía General.

El 22 de septiembre, la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Salcedo, determinó que con base en sus análisis el proceso que se sigue contra Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal debe continuar bajo la ley 906 de 2004, es decir, en el Sistema Penal Acusatorio, tal como lo solicitaron la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público).

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Sin embargo, subrayó que antes de proceder en el caso, la CSJ debería pronunciarse sobre si ella es o no competente para concederle la libertad al político, quien permanece en detención domiciliaria desde el 4 de agosto por un fallo del alto tribunal.

La Ley 600 del año 2000 rige para los delitos ocurridos antes del año 2005 y para el juzgamiento de los integrantes del Congreso, mientras que la Ley 906 de 2004 del actual sistema penal de la justicia ordinaria tramita los delitos cometidos después del 1° de enero de 2005, excepto los casos de aforados constitucionales.

Tras el fallo de detención domiciliaria, Uribe renunció a su escaño en el Congreso el 18 de agosto y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso fue abandonado por la CSJ y tomado por la Fiscalía General, que ahora sostiene que se debe aplicar la Ley 906 de 2004, que le permitiría defenderse en libertad y que implicaría que el proceso investigativo comenzara nuevamente desde cero.

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Si en la reunión del lunes, la Sala Plena de la CSJ decide dejar el proceso bajo la Ley 906 de 2004, la jueza podrá decidir si le concede la libertad a Uribe, de lo contrario el caso seguirá en la Fiscalía General, que evaluará el fallo del alto tribunal que tiene al expresidente (2002-2010) en detención.

Uribe fue investigado desde el año 2018 por la CSJ por un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares, que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.

Investigaciones de la Corte indican que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores, quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe como responsable de conformar un grupo paramilitar.

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