"Madrid no está en rebeldía, cumplirá todas las órdenes pero iremos a los tribunales", dijo Ayuso ante el pleno de la Asamblea regional.
De esta forma, Ayuso despeja la incógnita planteada unas horas antes por su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que negó la validez jurídica de las medidas.
El Gobierno de España reunió el 30 de septiembre a las distintas regiones del país en un consejo interterritorial centrado en acordar una serie de criterios comunes sobre cómo actuar contra el coronavirus en ciudades con más de 100.000 habitantes.
Del mismo modo, las medidas se activarán cuando el territorio en cuestión supere una positividad del 10% en las pruebas PCR o muestre una ocupación de las camas UCI superior al 35% de su capacidad.
Actualmente Madrid sólo aplica restricciones en áreas con una incidencia cercana a 1.000 casos, por lo que los nuevos multiplican las zonas con limitaciones a la movilidad.
En la práctica, la aplicación de la norma supondrá el cierre perimetral de la ciudad de Madrid, así como de otros nueve grandes municipios de la región, como Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón, entre otros.
De las 19 comunidades y ciudades autónomas reunidas en el consejo interterritorial, un total de 13 votaron a favor de las medidas del Gobierno, una se abstuvo y otras cinco (Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia) votaron en contra.
No obstante, el Gobierno central sí da validez al documento, y el 1 de octubre publicó la orden ministerial con las nuevas medidas en el Boletín Oficial del Estado.
En esa orden consta el aval de la Abogacía General del Estado, que considera que la nueva norma es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas independientemente de si votaron en contra de su aprobación.
Tras la publicación de esta orden es apreciable un giro en la postura del Gobierno regional, algo que se refleja en las palabras de Ruiz Escudero pocas horas después de plantear sus dudas sobre la legalidad de las medidas.
Según cálculos hechos por Radio Televisión Española (RTVE), las nuevas restricciones afectarían a un total de 4,8 millones de personas, el 72,8% de la población de la Comunidad de Madrid, que solo podrá abandonar su área de residencia para ir a trabajar o por otros motivos de causa mayor.
Sin embargo, cabe destacar que las restricciones a la movilidad no imponen un nuevo confinamiento domiciliario, ya que los ciudadanos podrán moverse libremente dentro de su zona de residencia, aunque se les recomienda salir de casa lo menos posible.
