"Se está buscando que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos, porque hubo como un pacto de silencio para que no se hablara, y hay que romper ese pacto de silencio", indicó López Obrador en su conferencia cotidiana.
El jefe de Estado destacó las nuevas órdenes de captura emitidas en su administración, que comenzó en diciembre de 2018, que permite a algunos detenidos confesar sobre los ataques policiales contra los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerreo (sur), y la mañana siguiente.
"Como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares, a que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos; y si colaboran van a tener consideraciones de carácter legal", ofreció el presidente.
La nueva administración ha descartado la llamada "verdad histórica", que desacredita como una versión construida con manipulación de evidencias y torturas, por parte del Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los ataques fueron cometidos con la supuesta y confusa participación de criminales, narcotraficantes del grupo Guerreros Unidos, confabulados con autoridades (locales, federales y militares), que actuaron contra un centenar de jóvenes estudiantes en Iguala, 220 km al sur de la Ciudad de México.
Cuando fueron atacados a balazos y gases lacrimógenos de patrullas policiales municipales, en distintos puntos de esa ciudad sureña cerca de la medianoche del mencionado día, los jóvenes viajaban en cinco autobuses "ocupados" para participar en una manifestación anual en la capital, que conmemoraba el aniversario de la masacre de universitarios en la Plaza Tlatelolco, perpetrada por militares el 2 de octubre de 1968.
Militares investigados por primera vez
El mandatario reafirmó que la nueva fiscalía logró la emisión de órdenes de detención contra de militares de un batallón del Ejército en la ciudad de Iguala, que realizó algunos movimientos de tropas y estuvo reportando acerca de los eventos aún sin aclarar, desde que comenzaron al atardecer de aquella fecha fatal.
"Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad", destacó el gobernante al comentar el informe presentado el 26 de septiembre en Palacio Nacional, donde él ofreció "disculpas" en nombre del Estado mexicano, a padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace seis años.
López Obrador reveló que los militares que ya son buscados no están en activo.
"No [activos], son las primeras órdenes de aprehensión que se están liberando por parte de jueces contra funcionarios de la [extinta] Policía Federal, que existía anteriormente, y también de miembros del Ejército", respondió el presidente.
En las nuevas pesquisas recientes que arrojaron una tercera identificación de uno de los 43 desaparecidos, "no hay impunidad para nadie, pero todavía no está concluida la investigación", aclaró.
López Obrador descartó la posibilidad de "juicios sumarios" o "linchamientos políticos" en el nuevo proceso.
"He sido muy claro en dar a conocer de que las instituciones, como el caso del Ejército, en vez de debilitarse, si se aclara como actuaron y si cometieron delitos miembros de estas instituciones, en este caso del Ejército, que sean investigados y castigados de conformidad con la ley", agregó el jefe de Estado.
Actuando con transparencia y la verdad se fortalecen las instituciones estatales, subrayó.
"No sé que llevó a quienes tomaron las decisiones en este caso a ocultar los hechos o a fabricar la llamada 'verdad histórica', debieron actuar con transparencia sin consideración para nadie", puntualizó.
Finalmente, consideró "absurdo querer tapar las cosas, porque siempre se conoce la verdad, como la justicia que tarda pero llega".
En esa sección de su mensaje el fiscal señala que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General, Tomás Zerón, ahora prófugo en israel, "se convirtió en el principal vocero oficial del Gobierno Federal y principal orquestador de esta mentira y esas falsedades".
El exjefe federal es acusado ahora de realizar "diligencias reprobables", sin ningún control legal ni respeto a procedimientos jurídicos, para sostener la llamada 'verdad histórica', que está "basada en torturas, falsedades e ilegalidades".
Según la acusación judicial, Zerón se habría apropiado de unos 50 millones de dólares en forma fraudulenta con anuencia de sus superiores, como pago por sus "infamias" y proteger su impunidad, con 50 agentes bajo su mando.
