El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) comunicó este 25 de septiembre que el pacifista Rami Aman, de 38 años, y otros dos acusados podrían sufrir varios años de cárcel por la acusación de entablar relaciones con "el enemigo" a través de una videoconferencia por Zoom.
Tanto la organización Human Rights Watch como Amnistía Internacional exigieron de inmediato la liberación de los activistas, pero las autoridades gazatíes los mantienen detenidos desde hace cinco meses sin juicio.
Todos ellos pertenecen a un grupo llamado el Comité Juvenil de Gaza, una organización dedicada a actividades pacifistas.
Las autoridades de la franja, controladas por la organización islamista Hamás, que tomó el poder en 2007 y es considerada terrorista por Israel, Estados Unidos, Unión Europea y más, considera que establecer lazos con israelíes es delito.
Los detenidos son acusados bajo la ley militar, no bajo el código civil penal, según el CPDH el delito de "debilitar el espíritu revolucionario" cae bajo los estatutos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de 1979, mucho antes del establecimiento de las instituciones civiles legales en Gaza y Cisjordania.
El comunicado de la CPDH decía además: "La práctica de juzgar a civiles en tribunales militares bajo ley militar es una peligrosa violación de los derechos humanos".
