La explicación de todo comienza con una fórmula sencilla: lo que hacía no se correspondía con lo que decían sus condiciones laborales. Isaac Cuende trabajaba de repartidor en moto (los conocidos como riders) para la empresa Glovo. En realidad, era autónomo. Él pagaba su seguridad social y no debería tener mayor relación contractual que una aplicación en el móvil donde se conectaba según su disponibilidad. En teoría. Al final, requería un horario y se sujetaba a otras reglas.
"Espero que sirva para que los compañeros riders y de otros sectores ganen sus derechos", explica a Sputnik dos días después de conocer el veredicto. Para él, esta victoria en los tribunales no es sino un ejercicio de "memoria histórica" por la lucha de otras generaciones para conseguir un trabajo digno.
"Ha habido mucha gente que ha peleado por mejorar las condiciones laborales de este país y no quiero que cuatro pijos emprendedores lo vengan a romper", protesta.
Su historia empezó en 2015. Cuende, que es actor y poeta, vio la oportunidad de sumarse a esta empresa para complementar sus ganancias mensuales. Glovo acababa de aterrizar en Madrid y la flexibilidad era su enseña. Tuvo una reunión, le seleccionaron y se lanzó con su moto a llevar comida a los hogares de la urbe. Dice que fue el primero. Lo que iba a ser algo opcional, sin horarios, se convirtió en una imposición.
"Me dijeron que tenía que cubrir el turno de mañana. Lo normal, porque el sistema no funciona si eres autónomo: ellos necesitan tener a gente a ciertas horas para saber que el reparto va a llegar", sopesa el extrabajador, que debatió el asunto con sus managers y, a veces, le daban la razón.
"Te venden una autonomía ficticia. El modelo es fallido desde el principio. Y vi que no funcionaba. Además, incluyeron un sistema de valoración para darte las mejores horas, que dependía de los clientes en un 25% y del tiempo que estuvieras operativo en un 75%. Era el control absoluto. La esclavitud del siglo XXI: una mano invisible que te mandaba", rememora, volviendo a la ecuación inicial: "El problema es que si eres autónomo dispones de tu tiempo y tus recursos, y aquí no es así". Lo fue cuestionando entre sus compañeros. Hizo "grupillos" y "asambleas". Pero luego se quedó solo en las reivindicaciones: "Cuando había que hacer un parón o algo, se descolgaban".
"No podía ni pagarme la cuota, el seguro, los arreglos… Pensé que si eso era así, nos veíamos en los juzgados", indica. Se puso en contacto con Luis Suárez Machota, de SBO Abogados y decidió ir hasta el final. Primero fue a primera instancia, donde se le dio la razón a Glovo. Luego al de segunda. Y lo mismo. Hasta que el Alto Tribunal aprobó su teoría: "La relación existente entre un repartidor (rider) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral", expresaban. La empresa "no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores" ya que "fija las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio".
Reconocer la laboralidad de tantos y tantas trabajadoras, que son en realidad falsos autónomos, es un paso decisivo y una garantía. La sentencia del TS avala el empeño de este Gobierno por reconducir la situación anómala de los 'riders' y garantizar sus derechos laborales. pic.twitter.com/BZDxc0Juty
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 23, 2020
Un algoritmo actúa como jefe, concluyen desde el Alto Tribunal. Según un comunicado de Glovo recogido por varios medios, la empresa "respeta la sentencia del Tribunal Supremo y espera la definición de un marco regulatorio adecuado por parte del Gobierno y Europa". "Glovo cree firmemente que esta regulación debe ser promovida en base al diálogo entre todos los actores interesados", indican. Algo que para Cuende suena a hueco.
"Celebro con alegría la resolución, que es histórica, pero hasta que no vea a mis compañeros contratados no podré sonreír", asegura.
Isaac Cuende vive desde entonces "más tranquilo". Ha pasado mucho estrés con la sentencia y la inseguridad económica. Pero ha aprovechado para volcarse en su faceta artística, "sin ganar mucho dinero", y en esta lucha contra aquellos que "dicen una cosa pero hacen la contraria". "Intentaron comprarme, e incluso metieron topos que testificaron contra mí, pero yo no aceptaba ni un millón de euros. No es una cuestión económica sino de memoria histórica", insiste.
