El pasado mes de agosto, el ministerio publicó una ordenanza que incluía la "obligatoriedad" de avisar a la olicía o a la Justicia, pero en la redacción publicada este 24 de septiembre la palabra fue retirada y el texto dice que los médicos deberán "comunicar el hecho a la autoridad policial responsable".
Este punto fue muy criticado, porque diversos grupos lo entendieron como una forma de desincentivar a la mujer a interrumpir su embarazo; finalmente, en la ordenanza de este 24 de septiembre el Gobierno eliminó esa recomendación.
Esta misma semana, la organización Human Rights Watch pidió a las autoridades brasileñas que revocaran la ordenanza de agosto, por entender que aumenta el riesgo de que mujeres y niñas "recurran a abortos inseguros que pueden poner en riesgo su vida y su salud"
En la actualidad, en Brasil el aborto es legal en tres supuestos:
- cuando el embarazo es fruto de una violación,
- cuando la vida de la madre está en peligro,
- cuando el feto presenta graves malformaciones cerebrales (anencefalia).
