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Legislativo de Nicaragua debate la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

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MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua estudia la implementación de una ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que permita controlar las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiamiento del exterior, según explicó el presidente de dicho organismo, Gustavo Porras.

"La presente iniciativa de ley tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses de financiamiento externo y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias de los gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado", establece el fundamento de la presentación del anteproyecto, que fue ingresado a la Asamblea General con la firma de más de 65 diputados y que se encuentra en fase de consulta.

Porras explicó a la revista En Vivo del Canal Cuatro de Nicaragua que "un agente extranjero es una persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua recibe fondos o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras".

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Aclaró que el futuro texto jurídico nada tendrá que ver con las remesas, inversiones, actividades empresariales y financieras, así como lo convenido en tratados comerciales existentes o por suscribirse.

"Estamos en el proceso de que se presentó [el anteproyecto] a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, la cual está preparando un cronograma [de consultas a organismos implicados en el tema]", apuntó.

Entre esas entidades mencionó a los Ministerios de Fomento, Industria y Comercio, Hacienda y Público (Fiscalía) más la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Daniel Ortega insistió en la necesidad de realizar todas las consultas pertinentes con el objetivo de aprobar una ley de consenso.

Porras recordó que muchos países, entre ellos Brasil y Estados Unidos, cuentan con una ley reguladora de las personas que actúan en calidad de agentes extranjeros.

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