"No creo conveniente extenderme más sobre el caso, porque hay aspectos legales de por medio los cuales, si yo comienzo hablar, aparte de que no soy abogado, puedo entorpecer los procesos de investigación", afirmó Merino al ser entrevistado por la emisora Radio 102.9.
El 21 de septiembre, el coronel Carlos Venegas le impidió al juez Jorge Guzmán ingresar a las instalaciones del Estado Mayor para iniciar la revisión de los archivos, en cumplimiento de una sentencia de la corte de San Francisco Gotera que lleva el caso de El Mozote, considerada la peor masacre en la historia del hemisferio occidental.
"Lo que el señor presidente ha dicho no se ha violado porque se está proporcionando, se les está dando todo lo que se requiere", declaró Merino, al ser interpelado por su entrevistador sobre el incumplimiento de la sentencia dictada por el juez Guzmán en agosto pasado.
El militar insistió en que Bukele está entregando la documentación solicitada, lo que ha sido desmentido por los abogados que llevan el proceso, y las organizaciones que buscan justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado (1980-1992).
"Tenemos otra imposición que es constitucional y lo que estamos haciendo es respetando lo que la Constitución manda y dándole cumplimiento a todas las leyes de la República", declaró Merino, ascendido a contralmirante por el propio Bukele a fines de 2019.
Fiscalía de El Salvador investiga bloqueo a archivos militares
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó que investiga quién y por qué ordenó bloquear el acceso de peritos judiciales a los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada, para esclarecer la masacre perpetrada por militares en El Mozote en 1981.
"Se está dictando una resolución para pedir un informe para que se expresen no sólo quién dio la orden y los motivos para impedirlo, en la que se basará el Tribunal para certificar a la FGR la investigación de los posibles delitos", informó el Ministerio Público en su cuenta de la red social Twitter.
#CasoElMozote | “Se está dictando una resolución para pedir un informe para que se expresen no sólo quién dio la orden y los motivos para impedirlo. En la que se basará el Tribunal, para certificar a la @FGR_SV, la investigación de los posibles delitos.” https://t.co/Lbu6nnPyW6
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 23, 2020
El abogado David Morales, uno de los querellantes del proceso, informó que Guzmán dictó un auto para que el presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de Defensa, René Merino, informen en un plazo de cinco días hábiles quién ordenó bloquear la pesquisa.
Morales, quien fue acosado por exsoldados en las inmediaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, agregó que las inspecciones fueron reprogramadas para el próximo 5 de octubre.
"El 21 de septiembre se constituyeron delitos, si bien un coronel impidió el acceso al tribunal, el incidente ocurrió en las propias oficinas donde se encuentra el despacho del Ministro de Defensa, lo que quiere decir que el bloqueo surge de los más altos niveles", señaló el abogado.
El pasado 28 de agosto el juzgado de San Francisco Gotera ordenó al Ministerio de Defensa abrir sus archivos a los investigadores de la masacre perpetrada por el batallón Atlacatl como parte de la estrategia contrainsurgente 'Tierra Arrasada'.
El propio juez Guzmán decretó una medida cautelar para asegurar la documentación, y rechazó el pedido de reserva hecho por la defensa, pues la Ley de Acceso a la Información Pública ampara su divulgación cuando se trata de casos graves, como el actual.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.