"Informes de auditorías, que se han realizado en el Isspol desde 2019 reflejan que, mediante operaciones efectuadas entre 2014 y 2016, se han afectado los fondos de la entidad policial. Es una estafa que ha afectado los fondos del Isspol", dijo Romo en una conferencia de prensa.
La ministra garantizó que, a pesar de la gravedad del caso, la jubilación de los policías no está en riesgo, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2014 y 2016 los administradores del Isspol hicieron de manera continua millonarias inversiones, tanto en operaciones swap como en reportos (efectivo) sin validar los riesgos pues los papeles que recibieron no garantizan el retorno de las inversiones.
Según la ministra, "se trata de un mecanismo de estafa en el que han participado públicos y privados: Hay un primer nivel con funcionarios del ISSPOL, civiles y policiales, por las transacciones que autorizaron; hay un segundo nivel en el mercado de valores, de quienes ofrecieron ser la contraparte de las operaciones; y un tercer nivel, que son las autoridades de control, de las Superintendencias de Compañías y de Bancos; a los que se suman quienes en su momento dirigieron el Ministerio de Interior y la Policía Nacional".
Romo calificó al caso como una sofisticada estafa, y aseguró que será la Fiscalía General la que determine responsabilidades.
