"Este organismo emitió el Dictamen de Constitucionalidad Nro. 6-20-CP/20 sobre la propuesta de consulta popular respecto de la prohibición de actividades mineras en 5 zonas de recarga hídrica en el cantón Cuenca", dijo la CC de Ecuador en su cuenta oficial de Twitter.
🛑BOLETÍN | Este Organismo emitió el Dictamen de Constitucionalidad Nro. 6-20-CP/20, sobre la propuesta de consulta popular, respecto de la prohibición de actividades mineras en 5 zonas de recarga hídrica en el cantón Cuenca. Conoce más información➡️https://t.co/IJ27MxrTOf pic.twitter.com/YmNeJC8qmM
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 21, 2020
La CC respondió así a una petición presentada por el alcalde, Pedro Palacios, respecto a la prohibición de actividades mineras a mediana y gran escala en las fuentes de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara, que atraviesan la ciudad.
El proyecto de consulta popular contiene cinco preguntas y cada una se relaciona con una cuenca hidrográfica específica.
"¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río (…), según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento?", reza el texto de la pregunta repetida cinco veces, aunque con distinto nombre de río.
El 1° de septiembre, con cinco votos a favor, incluido el del alcalde, y uno en blanco, los ediles de Cuenca decidieron solicitar a la CC el dictamen previo constitucional para la consulta antiminera.
Además, se basa en algunos pronunciamientos ciudadanos e institucionales sobre minería y defensa de las fuentes de agua, como manifiestos de parlamentos ciudadanos.
Según el alcalde Palacios, el objetivo es que la consulta antiminera para Cuenca se lleve adelante conjuntamente con las elecciones generales que se realizarán en Ecuador en febrero de 2021.
El pronunciamiento de la CC, sin embargo, advierte que ante un pronunciamiento positivo del electorado los efectos de la consulta serán únicamente hacia el futuro, lo que a criterio de abogados mineros implica que no afectará a los actuales proyectos que se intentaba frenar.
