La violación y asesinato de dos hermanas, de 10 y 12 años, el pasado 12 de septiembre, actuó como detonante de la propuesta presidencial de recrudecer el castigo a quienes cometan crímenes de odio, también calificados de atroces por el Ejecutivo.
Apenas dos días después, la Presidencia de la República informó sobre una comunicación cursada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para "trabajar una propuesta que aborde integralmente, de manera preventiva y penal, estos crímenes atroces, castigando severamente a los autores".
Según el documento, el presidente Daniel Ortega orientó a la CSJ proponer una reforma al código penal y remitirla a la Asamblea Nacional (parlamento), con la finalidad de penalizar con prisión perpetua, a quienes cometan ese tipo de delitos, los cuales calificó de "crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes".
Ofensiva contra el odio
Ortega puso el tema en el candelero de la opinión pública en su discurso por el Día de la Independencia de Centroamérica, el pasado martes 15.
El jefe de Estado recordó que aquellos actos de barbarie fueron, además, filmados por sus propios autores.
"Los crímenes de odio están siendo sancionados en todas partes ahora, y aquí no vamos a ser la excepción", expuso el líder del FSLN.
Ante la solicitud de muchas familias de la pena de muerte para tales crímenes, el mandatario explicó que Nicaragua es país signatario de una convención internacional prohibitoria de la pena capital.
"Pero, no estamos comprometidos a no aplicar cadena perpetua para los criminales", insistió.
Apoyo popular
A lo largo de la semana, la Policía Nacional reportó al menos otros ocho asesinatos, de los cuales dos constituyen delito de feminicidio.
En medio de tales circunstancias el pasado viernes comenzó la recolección de firmas para calzar una carta abierta dirigida a la CSJ y la Asamblea Nacional, en la cual los signatarios respaldan la solicitud gubernamental de reformar el código penal.
El usuario de Twitter que se identifica como Augusto C. Sandino al referirse al inicio de la campaña de manipulación de la propuesta se preguntó: "¿Será que la oposición de Nicaragua intenta defender y que queden en la impunidad casos como el de (las niñas de) Mulukukú? ¿Será que se sienten aludidos?".
El secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, Carlos Fonseca Terán, convocó a través de su muro en Facebook a firmar el apoyo a lo que calificó como excelente iniciativa de Ortega, por constituir la forma de proteger a las posibles víctimas de tales actos.
Entre los países de la región centroamericana El Salvador estableció en 2012 la prisión por 60 años como pena máxima, mientras en Panamá, Guatemala y Costa Rica el límite es de 50 años y en Honduras de 30.
La legislación nicaragüense nunca ha contemplado la cadena perpetua, pero al menos ocho constituciones a lo largo de la historia republicana aprobaron la pena de muerte, que estuvo en vigor hasta el triunfo de la Revolución Sandinista, en 1979.
Otra variante de castigo en uso bajo los gobiernos de Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle (1934-1979), consistió en la aplicación de la "ley de fuga", que lo mismo eliminaba criminales que enemigos políticos.
