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La batalla por el oro de Venezuela llega al Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales

© Sputnik / Ilya Naymushin / Acceder al contenido multimediaLingotes de oro
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La guerra judicial por el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, que enfrenta en Londres al Gobierno de Nicolás Maduro y al presidente interino Juan Guaidó, plantea cuestiones fundamentales sobre el poder del ejecutivo y Derecho público internacional, según explicó un abogado del Banco Central de Venezuela (BCV).

La batalla se entablará, del 22 al 24 de setiembre, ante tres jueces del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales y podría extenderse hasta el Supremo del Reino Unido, de acuerdo con Leigh Crestohl, abogado y socio del despacho británico Zaiwalla & Co., que representa al BCV. "Abordamos cuestiones constitucionales de importancia pública que una u otra de las partes probablemente querrá elevarlas al Supremo", afirma en una entrevista telefónica con Sputnik.

El bando contrario es la junta directiva nombrada por Guaidó y avalada por la Asamblea Nacional de Caracas, que ganó el primer envite en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales el pasado 2 de julio. La sentencia del juez Nigel Teare validó la autoridad de este grupo ad hoc para gestionar las estimadas 32 toneladas de lingotes de oro, valoradas hoy entre 1.800 y 2.000 millones de euros. "Parece una sentencia fuerte a simple vista, pero realmente es muy superficial y no está razonada en profundidad", observa Crestohl.

Presidentes de hecho y de derecho

El equipo de Zaiwalla centrará la disputa en dos ejes del fallo inicial. Intentará dar la vuelta a la sentencia, que legitimó el reconocimiento "incondicional" de Guaidó como "presidente interino" de Venezuela por parte del Gobierno británico. El juez decretó además que, en virtud de las llamadas doctrinas de "una voz" y "acto estatal", no hay jurisdicción en Inglaterra para analizar ni juzgar las acciones o nombramientos hechos por el opositor venezolano.

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Pero el abogado canadiense, experto en disputas internacionales, sostiene que el magistrado "se equivocó" en ambos puntos. Y argumenta que Londres reconoció a Guaidó como presidente de jure (de derecho) y continúa tratando a Maduro como jefe de Estado de facto (de hecho).

"Solo hay un presidente efectivo, el que controla el territorio, y ese es el señor Maduro. El Gobierno de Maduro tiene el control efectivo de Venezuela", sostiene. Por el contrario, Teare dio por asumido que el Ejecutivo conservador dejó de reconocer la figura del presidente bolivariano.

"El Gobierno del Reino Unido legitimó al señor Guaidó por una cuestión de política exterior, para enviar una señal al señor Maduro e intentar amenazar a su gobierno, pero no deshizo la previa y existente relación de hecho, el reconocimiento del Estado de Venezuela y de Maduro como presidente 'de facto'", señala Crestohl.

Lazos diplomáticos

El asesor legal recuerda que las relaciones diplomáticas entre Londres y Caracas, donde siguen abiertas las embajadas de los respectivos países, no cesaron después de la declaración en reconocimiento del líder disidente, emitida por la Cancillería británica el 4 de febrero de 2019. "La evidencia diplomática es fuerte. Los lazos diplomáticos siguen en pie y representan la continuidad efectiva e implícita del reconocimiento [de Maduro]", argumenta.

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El caso del oro venezolano tiene un trasfondo político que aflorará en las audiencias de la apelación. Los apelantes cuestionarán el poder del Ejecutivo británico para hacer una declaración, sin la participación del Parlamento, que afecta a la política interna de un país extranjero. En este sentido, Crestohl recuerda que el Supremo venezolano declaró ilícita la junta directiva ad hoc del BCV, lo cual "suscita importantes cuestiones de derecho público internacional".

Límites del poder ejecutivo

"Debe haber un límite constitucional en el poder del gobierno para ejercitar su prerrogativa, [porque] no es prerrogativa de un Ejecutivo actuar de una forma contraria a la legislación internacional, como lo es la intervención en los asuntos internos de un Estado extranjero", añade.

El equipo de Zaiwalla atacará también el principio de que las acciones de Guaidó "no son justiciables" debido a la legitimidad que el Gobierno británico le concede como jefe de Estado interino. "El juez se equivocó en extremo al decir que un acto de estado extranjero puede reconocerse como válido en Inglaterra incluso cuando es ilícito en donde se ejecutó", arguye el experto canadiense.

Buen nombre en riesgo

El prestigio del Banco de Inglaterra está en juego en este extraordinario pleito iniciado por el BCV, que abrió una cuenta en la centenaria entidad de la City de Londres en 2008. "La reputación del BoE [Banco de Inglaterra] como un lugar seguro para depositar reservas soberanas es importante; también lo es para Inglaterra, que le gusta ser percibida como una nación estable, fiable, amparada por la ley y segura", añade.

​Crestohl presiente que la "percepción de que el Gobierno del Reino Unido está tomando decisiones en apoyo de la Administración Trump puede tener un efecto paralizante en la valoración de otros países" de Londres como destino seguro de sus reservas nacionales.

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