El Tribunal Supremo de España volvió a convertirse este 17 de septiembre en un escenario decisivo para el futuro político de esta región española, casi un año después de la sentencia que condenó a entre 9 y 13 años de cárcel a varios miembros del antiguo Gobierno de Carles Puigdemont.
Era abril de 2019 y España se encontraba en plena campaña de cara a los comicios generales del día 28 —que ganaría el Partido Socialista de Pedro Sánchez— por lo que la Junta Electoral Central pidió al líder catalán que descolgara el símbolo político, una orden que Torra cumplió demasiado tarde.
Pocos meses después, el 19 de diciembre, Torra recibió una noticia que volvió a poner a Cataluña contra las cuerdas judiciales: el Tribunal Superior de Justicia de la región lo consideró culpable de desobedecer a las autoridades electorales y le condenó a un año y medio de inhabilitación.
"A mí no me inhabilitará un tribunal con motivos políticos. Eso solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña", dijo Torra entonces, en una afirmación que cada vez cobra menos fuerza, ya que el propio presidente no asume ahora otro final que su cese.
Una cita judicial sin novedades
El líder catalán llegó este 17 de septiembre al Supremo de Madrid para escuchar a su defensa repetir los argumentos en los que insiste desde que comenzó el proceso judicial: falta de imparcialidad de los tribunales, vulneración de la libertad de expresión y de sus derechos políticos.
En una declaración institucional tras la vista, el dirigente regional arremetió contra los tribunales y el Estado español por pretender la "caída" de su Gobierno y tachó su probable cese de una medida "desproporcionada" y "arbitraria".
"He venido a Madrid a mirar a los ojos al tribunal que quiere hacer caer a otro presidente de la Generalitat y a recordar que nuestra causa viene de muy lejos y llegará hasta el final, una República libre para los catalanes", manifestó Torra en un discurso con sabor a consumación.
Independentistas sin consenso
La inhabilitación del presidente catalán abre un nuevo periodo de incertidumbre en el Gobierno de Cataluña, con los socios de Junts per Catalunya (JxCat, partido que integra Torra) y Esquerra Republicana (ERC) más divididos que nunca.
Pero Torra sigue enrocado en el "no" a unos comicios: "No seré yo quien en este momento tan crítico aboque el país a una carrera electoral irresponsable", dijo este 17 de septiembre.
"Cataluña está en una situación de excepcionalidad institucional en la que no solo es muy difícil encontrar una respuesta a una situación donde se entremezclan tribunales y política, sino que además el hecho de que haya varios partidos, que sea un Gobierno de coalición y que haya un horizonte electoral hace que los incentivos para buscar una estrategia conjunta disminuyan", explica a Sputnik el doctor en Ciencias Políticas y exasesor del Gobierno catalán Marc Sanjaume.
El presidente Torra promete seguir "hasta los últimos segundos" a cargo del Ejecutivo, y ni siquiera sus compañeros de legislatura, incluyendo el vicepresidente Pere Aragonès, saben qué pasará una vez la inhabilitación sea efectiva, tal como todos asumen.
Solo una cosa es segura: si la sentencia se convierte en firme, tanto Torra como su Gobierno quedarán cesados y el Ejecutivo catalán se mantendrá en funciones hasta la constitución de uno nuevo con Aragonès como presidente interino.
Descartada una convocatoria electoral antes del posible cese, los partidos deberían presentar a un candidato para someter a debate de investidura en el Parlamento catalán, pero no lo harán por petición del mismo Torra.
El Parlamento, de nuevo epicentro de polémica
"Es un verdadero galimatías jurídico", destaca Sanjaume, que sitúa al presidente del Parlamento catalán y dirigente de Esquerra Republicana, Roger Torrent, en el centro de la arena política durante las próximas semanas.
"Torrent comenzará a buscar candidatos, verá que los partidos independentistas se están tirando los platos a la cabeza y podría acabar decidiendo convocar elecciones", explica este exasesor de la Generalitat.
El Estatuto de la Generalitat catalana solo contempla oficialmente un escenario, que es la presentación de un candidato para someter a debate del pleno. Si pasados dos meses no hay consenso entre los grupos, el Parlamento queda disuelto y se activa la cuenta atrás para unos comicios.
Aquí Sanjaume plantea otra opción: la de "presentar a un candidato que saben que perderá", aunque es la menos atractiva porque los partidos que lo hagan "corren el riesgo de quedar mal si se exponen a una investidura fallida".
Un cese ya asumido
Aunque todo apunta a que estas semanas serán las últimas con Torra en la presidencia, el dirigente utilizó su comparecencia tras la vista para apelar a los magistrados del Supremo a reconsiderar una decisión que ya parece tomada.
Sin embargo, dejó claro que no alberga "un hilo de esperanza" en un tribunal "propietario del Estado gobernado por una coalición que se quiere llamar progresista", dijo en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
"Si me inhabilitan, la responsabilidad será única y exclusivamente del Estado español, obcecado con su particular venganza contra el anhelo democrático de Cataluña", zanjó el presidente independentista.
El Supremo decidirá en cuestión de días si da la razón a Torra o convierte en firme la sentencia, que supondría la primera condena a inhabilitación a un presidente del Gobierno catalán mientras se encuentra en el ejercicio de su cargo.
Otra resolución sin precedentes para Cataluña, una pequeña región autodenominada nación que en los últimos años vivió más terremotos políticos que algunos grandes países.
