"Hoy los investigadores han presentado a María Kolésnikova acusaciones en virtud de la parte 3 del artículo 361 del Código Penal [llamados a las acciones dirigidas contra la seguridad nacional de la República de Bielorrusia, realizados con el uso de los medios de información e internet]", dice el mensaje publicado en el canal de Telegram del Comité de Investigación.
En dicho artículo se estipulan penas de entre dos y cinco años de prisión.
El 7 de septiembre el servicio de prensa del Consejo de Coordinación informó que no se podía comunicar con tres de sus miembros: María Kolésnikova, el secretario ejecutivo del CC, Iván Kravtsov y el portavoz del ente, Antón Rodnenkov.
El 8 de septiembre las autoridades bielorrusas comunicaron que Rodnenkov y Kravtsov se fueron a Ucrania de manera voluntaria, mientras que Kolésnikova fue detenida en la frontera bielorruso-ucraniana.
Según relataron Rodnenkov y Kravtsov desde Kiev, su salida de Bielorrusia fue forzosa. A Kolésnikova también querían expulsarla del país, pero la opositora rompió en pedazos su pasaporte.
En Bielorrusia continúan las protestas por el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994.
La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó.
La oposición formó el Consejo de Coordinación, y en respuesta las autoridades bielorrusas abrieron un expediente penal contra esta organización por un delito tipificado en el artículo 361 del Código Penal, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel los llamamientos a derrocar el poder o cambiar de forma violenta el orden constitucional en el país.
