Según informó la corporación en un comunicado, "los fraudes tuvieron como beneficiarios a propietarios rurales y empresarios del ramo de la explotación forestal y agropecuaria en áreas embargadas".
Según la Policía, se constataron al menos 122 desembargos irregulares en nombre de 54 personas físicas o jurídicas.
Esto podría haber causado un daño de alrededor de 150 millones de reales (28,6 millones de dólares) al Estado en multas no cobradas y en incumplimiento de embargos en zonas ambientales sensibles de la Amazonía.
Los fraudes se producían en el seno del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), un órgano estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que tiene como principal misión perseguir los delitos ambientales.
Con esos certificados, los falsificadores accedían al banco de datos oficial del Ibama y conseguían desembargar las propiedades rurales que habían sido notificadas y clausuradas por alguna irregularidad.
Los hechos investigadores configuran varios delitos que podrían sumar hasta 12 años de cárcel; habría crímenes contra el medio ambiente, por estelionato y uso de documento falso, por alteración de sistema de datos y posible prevaricación y corrupción (si se detecta que funcionarios del Ibama colaboraron).
Este 15 de eptiembre los agentes de la Policía Federal cumplen 48 órdenes de búsqueda y aprehensión en empresas y residencias de personas que fueron beneficiadas por los fraudes, además de cinco detenciones de falsificadores.
